Denuncian conflictos de la Junta

16/12/2016

Informe de grupo Hedge Clippers apunta hacia Carlos García y José R. González

 Representantes cívicos y líderes comunitarios reclamaron la renuncia de dos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de la Isla.

 

WASHINGTON.- Por entender que han pasado por una “puerta giratoria” entre Wall Street y el Gobierno de Puerto Rico que les crea conflictos de intereses, grupos cívicos y líderes comunitarios reclamaron ayer la renuncia de dos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de la Isla.

 

En una conferencia de prensa-protesta en Boston (Massachusetts), activistas dieron a conocer un informe del grupo Hedge Clippers que destaca los vínculos con la deuda pública de Puerto Rico del Banco Santander, institución en la que ocuparon puestos directivos los miembros de la Junta y expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Carlos García y José Ramón González.

 

Por medio de subsidiarias que aseguran deuda municipal, el Santander emitió cerca de $61,000 millones en bonos del Gobierno de Puerto Rico y obtuvo unos $1,100 millones en honorarios, indica el informe de Hedge Clippers, titulado “Piratas del Caribe”.

“Santander ha desempeñado un papel fundamental al estructurar y beneficiarse de la deuda de Puerto Rico por medio de una política de traslado de ejecutivos con el BGF”, que fue el agente fiscal del Estado Libre Asociado, indica el informe de Hedge Clippers, que se dedica a fiscalizar a Wall Street y ha seguido de cerca la crisis fiscal de la Isla.

 

Félix D. Arroyo, exconcejal municipal en Boston y cofundador de Alianza para Puerto Rico, sostuvo que al auditarse la deuda pública de Puerto Rico y tratar de determinar si hubo deuda ilegal, debe pasarse juicio sobre el rol de las instituciones financieras.

 

“No hay mejor ejemplo de avaricia, corrupción y abuso de poder que Santander”, indicó el puertorriqueño

Arroyo, quien ahora es registrador del Tribunal de Familia y Custodia del condado de Suffolk, en Massachusetts.

 

La conferencia de prensa-protesta tuvo lugar frente a las oficinas centrales del Santander en Boston.

 

La convocatoria fue hecha por Hedge Clippers, que reúne sindicatos, grupos comunitarios y coaliciones. Los participantes incluyen a las organizaciones de maestros American Federation of Teachers, National Education Association, Refund America, New York Communities for Change, Organize Now de Florida y Communication Workers of America, entre otros.

 

El informe de Hedge Clippers destaca que particularmente García –quien cuando dirigió el agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico se emitieron sobre $10,000 millones de la deuda– “se movió continuamente entre Santander y el BGF”.

 

García, quien dirige su propia empresa de consultoría financiera, Bay Boston, era presidente del Banco Santander en Puerto Rico cuando fue nombrado al BGF, puesto que asumió en 2009. Cuando renunció al puesto en el BGF, pasó a ocupar el puesto de vicepresidente de Santander Holdings USA.

 

González, por su parte, fue presidente del BGF desde 1986 hasta 1989. Después fue presidente de Santander Securities de 1996 a 2001 y de Santander BanCorp de 2002 a 2008. Actualmente es el presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York. Tanto García como González indicaron que no harían comentarios.

 

Hedge Clippers sostiene que bajo el gobierno de Luis Fortuño, “García y un grupo de exejecutivos de Santander fueron nombrados a la dirigencia del BGF y establecieron un programa de emisión de bonos masivo que es la raíz de la crisis de solvencia que acecha a Puerto Rico”.

 

En ese sentido, menciona que cuando García renunció a la presidencia

“No hay mejor ejemplo de avaricia, corrupción y abuso de poder” FÉLIX D. ARROYO exconcejal municipal en Boston

del BGF “para volver a Santander”, otro exejecutivo del banco español, Juan Carlos Batlle, fue nombrado presidente del BGF. Entonces, indica el estudio, Fernando Batlle, hermano de Juan Carlos y quien era el número dos de García en el BGF, fue nombrado presidente ejecutivo de Valores Santander, la subsidiaria a cargo de las emisiones de bonos municipales.

 

El informe sostiene que bajo el gobierno de Fortuño se aprobó una ley en enero de 2009 que “duplicó la cantidad de impuestos sobre las ventas apartados para los bonos de Cofina, permitiendo que el BGF de García emitiera más deudas suscritas por Santander y otros bancos”. “La ley 7, que (se aprobó) en marzo del 2009, le permitió al secretario de Hacienda refinanciar la deuda sin tener en cuenta si realmente le ahorraría dinero a Puerto Rico”, añadió.

 

El análisis alude, entre otras, a una emisión de bonos de 2011, valorada en $2,900 millones, en la que se utilizaron las contribuciones de patronos del gobierno como garantía, práctica que consideraron “casi desconocida” en lo que se refiere a fondos de pensiones públicas.

“Mientras Puerto Rico se endeudaba más, las aseguradoras de bonos municipales como Santander aconsejaron al Estado Libre Asociado sobre acuerdos de deuda cada vez más arriesgados”, agregó el estudio.

 

El informe indica que una pregunta clave “para todos los puertorriqueños es ¿cómo creció tanto y cómo se hizo tan onerosa la deuda de la Isla, hasta el punto que era imposible pagarla?”.

 

AUDITAR LA DEUDA. Hedge Clippers apoyó también el trabajo de la comisión creada en Puerto Rico para auditar la deuda y determinar si una parte se adquirió ilegalmente.

 

“La Comisión de Auditoría debe ser financiada y habilitada para completar su investigación de la deuda, para que las personas de Puerto Rico reciban respuestas”, indicó.

 

Mientras, el informe acentuó que “Santander debe reembolsar todos los honorarios de suscripción y descuentos recibidos del gobierno, incluyendo sus corporaciones públicas e instrumentos como Cofina”.

 

Stephen Lerner, de la campaña Hedge Clippers, sostuvo que las instituciones financieras “manipularon un gobierno desesperado en tratar de evitar la ruina”.

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