Inaceptable el plan de la Junta para Rosselló

A pesar del rechazo general, el gobernador no objeta directamente las metas impuestas Coincide con la revisión del impuesto a la propiedad, la revisión de la matrícula de la UPR y la transformación de la reforma de salud

A 48 horas de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le pidiera implementar un plan con severos ajustes para cuadrar el presupuesto en un plazo de dos años, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó la propuesta del ente federal al tiempo que reiteró que ha puesto en marcha su propio proyecto que permitirá alcanzar la disciplina fiscal sin medidas dolorosas.

“Cualquier plan fiscal que se base exclusivamente en premisas para reducir la salud, el bienestar y los estándares de vida de Puerto Rico a través de recortes en la prestación de cuidado de salud, reducciones a pensionados actuales de nuestros segmentos más vulnerables de la población y despidos es, por naturaleza, inaceptable”, indicó Rosselló Nevares en la carta dirigida al presidente de la JSF, José B. Carrión.

En entrevista con El Nuevo Día, Rosselló Nevares recalcó: “La ruta al progreso de Puerto Rico no puede estar atada a recortes enormes que puedan afectar el acceso a la salud, a los pensionados que viven ya al nivel de pobreza o por debajo de ese nivel y tampoco reducir el gasto gubernamental debe ir por la ruta de despidos en general”.

En su carta, indicó a la JSF que los asesores del Gobierno estarán en la disposición de discutir con los homólogos en la JSF distintos escenarios dirigidos a reducir el coste operacional y la estructura del gobierno.

“Mientras coincidimos con su evaluación en torno a la magnitud de la crisis, nuestro enfoque representa un marcado contraste con algunas de sus iniciativas propuestas y esperamos trabajar junto a usted para encontrar un balance aceptable”, agregó el mandatario.

Con la misiva enviada ayer a la JSF y a solo 18 días de haber jurado al cargo, Rosselló Nevares intentó trazar la raya entre lo que será su mandato y la encomienda que tiene el ente federal por virtud de la ley federal PROMESA, estatuto que concede a la JSF poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico.

Rosselló Nevares aceptó que en ausencia de crecimiento económico, las estrategias que se implementen “se quedarán cortas”.

En su misiva de ocho páginas, el primer ejecutivo disectó la carta de la JSF ofreciendo una contestación negativa o un rechazo parcial a las seis propuestas principales que hiciera el ente federal.

En esencia, la JSF pidió a Rosselló Nevares cuadrar el presupuesto en dos años fiscales aplicando una combinación de impuestos, recortes en el gasto público y la renegociación de la deuda que permitan reducir una deficiencia estimada en $7,600 millones. CONTESTA LA JUNTA. A pocas horas de divulgada la carta de Rosselló, la JSF replicó en declaraciones escritas donde se limitaron a manifestar que evaluarán el contenido. No obstante, no perdieron tiempo en recordarle a Rosselló que todavía esperan por la respuesta a una serie de requisitos trazados por la JSF para conceder un plazo adicional para entregar el plan fiscal y para extender la protección de la ley PROMESA ante litigios.

“La JSF estudiará la carta del gobernador y proveerá una respuesta apropiada en su momento”, fue parte de la escueta respuesta.

Entre estos requisitos figuran la presentación del plan fiscal, un plan para explicar cómo el gobierno enfrentará la falta de efectivo durante la paralización de litigios y un estimado de efectivo a 13 semanas de todos los presupuestos de las agencias de gobierno y luego de la primera presentación, remitir dicho informe a la JSF semanalmente. LA CARTA DE ROSSELLÓ. El primer mandatario no objeta necesariamente los números presentados por la JSF, pero difiere en la metodología para alcanzarlos.

Apuntó, de hecho, que el contenido de la carta de la JSF choca contra la ley PROMESA ya que atenta contra el principio de preservar servicios esenciales y fondos para las pensiones.

Al atender propuestas específicas de la JSF como incrementar los ingresos en $1,500 millones, Rosselló indicó que su política pública es de no aumentar, sino todo lo contrario: reducir impuestos a los pobres y la clase media. Como alternativa para generar dinero, señaló que busca aumentar la captación del Impuesto de Ventas y Uso y que sea cobrado en transacciones por internet. Alegó, además, que mediante una alianza con el Servicio de Rentas Internas federal logrará atacar la evasión de contribución sobre ingresos y recordó que presentará en las próximas dos semanas una reforma al sistema de permisos.

El gobernador sostuvo que revisará los incentivos de producción que honra el gobierno para retener los que

generan beneficios cuantificables. Además, dijo que modernizará el CRIM con el fin de reducir los subsidios que reciben los municipios, un asunto en el que coincide con la JSF.

La JSF también propone reducir la plantilla del gobierno para generar ahorros en $1,500 millones, idea que Rosselló rechaza al argumentar que su proyecto de “empleador único” le permitirá a su proyecto reducir el tamaño del gobierno sin incurrir en despidos masivos.

Rosselló trajo a la atención de la JSF una serie de medidas de ahorros implementadas como la reducción de 10% en el presupuesto de las agencias y la reducción de 10% en contratos de servicios profesionales.

Otro requerimiento de la JSF rechazado por Rosselló es la reducción de $1,000 millones de Mi Salud.

Rosselló sí coincide con la JSF en la necesidad de realizar cambios al Plan de Salud del Gobierno, pero le indica que apuesta a lograr la paridad en el Congreso federal en fondos de Medicare y Medicaid.

Según el gobernador, se pueden reducir gastos en Mi Salud al hacer una distinción entre servicios básicos y “servicios adicionales”, permitir que los pacientes puedan escoger proveedores de salud de una forma competitiva, fomentar la competencia en toda la isla entre aseguradoras, proveedores de salud y cooperativas, y aprobar una ley para reducir los costos de las medicinas.

Rosselló también rechazó la propuesta de reducir en $300 millones el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, pero sostuvo que se tomarán pasos para mejorar la gobernanza mientras se reenfocan algunos de los recintos para que continúen siendo viables.

Otra coincidencia entre la JSF y Rosselló implica que la administración impulsará un ajuste en el costo de matrícula para los estudiantes con mayores ingresos y graduados, los que identifica como aquellos que no cualifican para la beca Pell.

Rosselló también rechazó la propuesta de reducir en un 10% las pensiones de los empleados públicos y le contestó a la JSF que buscará reformar los sistemas de retiro, privatizar el sistema de contribución definida (401k) y pondrá a pagar contribuciones sobre las llamadas pensiones Cadillac.

En cuanto a la idea de que los bonistas vean reducir en 80% el pago anual que reciben a través de diferentes emisores, Rosselló no fue categórico al abrazar la idea. De hecho, pareció diferir al contestar que la política de su administración es “reflejar una disposición fundamental de pagar de acuerdo a los recursos disponibles mientras se satisface la necesidad de servicios esenciales”.

“Vamos a continuar negociando con los varios grupos de bonistas en buena fe, respetando la ley y basándose en una base auditada y transparente”, lee la carta. “Vamos a respetar la prioridad de los pagos establecida por los diferentes créditos y estableceremos rutas alternas para varios bonistas, incluyendo la posibilidad de implementar un mecanismo para mitigar pérdidas incurridas por bonistas locales”.

Generan beneficios cuantificables. Además, dijo que modernizará el CRIM con el fin de reducir los subsidios que reciben los municipios, un asunto en el que coincide con la JSF.

La JSF también propone reducir la plantilla del gobierno para generar ahorros en $1,500 millones, idea que Rosselló rechaza al argumentar que su proyecto de “empleador único” le permitirá a su proyecto reducir el tamaño del gobierno sin incurrir en despidos masivos.

Rosselló trajo a la atención de la JSF una serie de medidas de ahorros implementadas como la reducción de 10% en el presupuesto de las agencias y la reducción de 10% en contratos de servicios profesionales.

Otro requerimiento de la JSF rechazado por Rosselló es la reducción de $1,000 millones de Mi Salud.

Rosselló sí coincide con la JSF en la necesidad de realizar cambios al Plan de Salud del Gobierno, pero le indica que apuesta a lograr la paridad en el Congreso federal en fondos de Medicare y Medicaid.

Según el gobernador, se pueden reducir gastos en Mi Salud al hacer una distinción entre servicios básicos y “servicios adicionales”, permitir que los pacientes puedan escoger proveedores de salud de una forma competitiva, fomentar la competencia en toda la isla entre aseguradoras, proveedores de salud y cooperativas, y aprobar una ley para reducir los costos de las medicinas.

Rosselló también rechazó la propuesta de reducir en $300 millones el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, pero sostuvo que se tomarán pasos para mejorar la gobernanza mientras se reenfocan algunos de los recintos para que continúen siendo viables.

Otra coincidencia entre la JSF y Rosselló implica que la administración impulsará un ajuste en el costo de matrícula para los estudiantes con mayores ingresos y graduados, los que identifica como aquellos que no cualifican para la beca Pell.

Rosselló también rechazó la propuesta de reducir en un 10% las pensiones de los empleados públicos y le contestó a la JSF que buscará reformar los sistemas de retiro, privatizar el sistema de contribución definida (401k) y pondrá a pagar contribuciones sobre las llamadas pensiones Cadillac.

En cuanto a la idea de que los bonistas vean reducir en 80% el pago anual que reciben a través de diferentes emisores, Rosselló no fue categórico al abrazar la idea. De hecho, pareció diferir al contestar que la política de su administración es “reflejar una disposición fundamental de pagar de acuerdo a los recursos disponibles mientras se satisface la necesidad de servicios esenciales”.

“Vamos a continuar negociando con los varios grupos de bonistas en buena fe, respetando la ley y basándose en una base auditada y transparente”, lee la carta. “Vamos a respetar la prioridad de los pagos establecida por los diferentes créditos y estableceremos rutas alternas para varios bonistas, incluyendo la posibilidad de implementar un mecanismo para mitigar pérdidas incurridas por bonistas locales”.

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