Agencias apoyan enmienda a ley 54

El proyecto busca evitar exponer a los niños a una situación de peligrosidad en su entorno familiar

Detener automáticamente las relaciones materno o paterno filiales entre el menor y la parte agresora luego de la otorgación de una orden de protección por violación de género es un buen paso dirigido a garantizar la seguridad de ese niño. Sin embargo, no es suficiente.

 

Así lo advirtió ayer el presidente de la Red de Albergues, Instituciones y Centros para Menores en Puerto Rico, Marcos Santana, quien urgió sobre la necesidad de la recopilación de estadísticas oficiales que verdaderamente saquen de la invisibilidad un problema de muchas ramificaciones.

 

En Puerto Rico, dijo, se desconoce la cantidad de menores víctimas directas o indirectas de la violencia de género. Estimados basados en su experiencia laboral con estos grupos, dijo, apunta a que al menos un 70% de los menores ubicados con sus madres en albergues presenciaron algún incidente y un 50% sufrió directamente violencia.

 

“Para el Estado continúan invisibles los niños, niñas y adolescentes víctimas secundarias y en ocasiones primarias de la violencia contra la mujer”, sostuvo.

 

Las expresiones de Santana se dieron durante la celebración de una vista pública en la que se consideró un proyecto legislativo que busca detener automáticamente las relaciones materno o paterno filiales hasta que un trabajador social del Tribunal realice una evaluación a los fines de recomendar si procede o no restablecer ese vínculo sin que los menores estén expuestos a peligro. El profesional tiene 30 días para ese análisis.

 

El proyecto, de la autoría de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Itzamar Peña, recibió también el espaldarazo de las secretarias de los departamentos de Justicia y Familia, Wanda Vázquez y Glorymar Andújar, respectivamente. Ambas, sin embargo, presentaron recomendaciones a la consideración de la Comisión de la Mujer.

 

Para Santana, la medida, además de estar acompañada de la creación de un banco de estadísticas, debe plantear el desarrollo de un sistema articulado desde donde se establezca un seguimiento cuantitativo adecuado de los menores víctimas directas e indirectas de la violencia de género.

 

“Lo cierto es que no todas las víctimas con órdenes de protección acuden a un albergue ni tampoco el Departamento de la Familia interviene con todos los casos donde se solicita una orden de protección”, destacó.

 

Según datos de la Administración de Tribunales, entre el 2013 y 2015 se solicitaron unas 55,784 órdenes de protección de las cuales fueron otorgadas solo 21,808. Este desfase numérico, indicó, también debería ser motivo de análisis. SUGIEREN ENMIENDAS. Durante la vista, Vázquez planteó que la restricción inmediata se aplique solo en aquellos casos en que la violencia doméstica se cometa en presencia de los menores y/o que del examen de la parte peticionaria por el Tribunal se desprenda un patrón de maltrato de la parte agresora.

 

Mientras, Andújar recomendó que durante el período de 30 días que se le otorga a los trabajadores sociales del Tribunal para estudiar el caso las relaciones paterno-materno filiales no sean suspendidas, sino, que sean supervisadas. De igual forma, propuso que el texto de esta herramienta jurídica dictamine que mientras las relaciones filiales son auscultadas, las víctimas de violencia doméstica, incluyendo los menores, deben ser referidos a recibir ayuda psicológica y terapia de familia.

 

Por su parte, la senadora penepé, Zoé Laboy; y su homólogo popular Eduardo Bhatia se expresaron preocupados por la intención de quitarle a los jueces y juezas la discreción de determinar cuándo esa separación es o no necesaria debido a las particularidades de cada caso ante su consideración. Laboy también expresó dudas sobre el proceder en aquellos incidentes donde se emiten órdenes de protección para ambas partes.

 

En los pasados tres años, según la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), se han otorgado 716 órdenes de protección recíprocas.

 

Accede a la noticia en el Periódico El Nuevo Día del 31 de enero de 2017

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