Notarios se preparan para divorcios por la vía rápida

Aquel viernes llegaron juntos al Tribunal de Primera Instancia a las 7:00 de la mañana. Tomaron un turno. Se sentaron en uno de los bancos de la fría sala judicial. A su alrededor, se repetían las parejas que casi ni se miraban, casi ni se dirigían la palabra. Ellos, juntos, esperaban.

“Había mucha animosidad. Es un ambiente contencioso, es hostil, es defensivo, es un sitio donde uno no quiere estar, uno quiere salir corriendo”, recuerda con precisión Iris Rodríguez.

Ese día se divorció de su esposo. La causal: consentimiento mutuo, la misma razón por la que se divorcia la mitad de las parejas del país. En su caso, la fiesta había acabado en paz. Saldaron sus diferencias con un solo abogado compartido, llegaron a entendidos respecto a un negocio familiar, a sus tres hijos, a esos años de historia traducidos en posesiones, familiares y recuerdos. Acudieron juntos al tribunal para concluir el proceso, sin abogado, por derecho propio.

Casos como el de Iris y su exesposo son a los que le ha echado el ojo la Legislatura. Con el Proyecto de la Cámara 385, el representante José “Quiquito” Meléndez propone ahorrarle a las parejas que rompen en común acuerdo esa cita “intimidante” en el tribunal, y que, en un proceso más íntimo y rápido, se pueda terminar oficialmente el vínculo matrimonial en la oficina de un notario.

Alto índice de divorcios

Como la de Iris, son miles las parejas que atraviesan anualmente el a veces doloroso, a veces contencioso, a veces asfixiante, a veces reconfortante proceso de romper una relación que ya no funciona.

En los últimos años, el índice de divorcios en Puerto Rico ha sobrepasado el 70% al compararlos con el número de casamientos en ese mismo tiempo. De acuerdo al Informe Anual de Estadísticas Vitales sobre Matrimonios y Divorcios preparado por el Departamento de Salud, en el 2012 fue cuando más se cerró el índice que el alcanzó el 79.8%. Ese año, se contrajeron 17,937 matrimonios y se efectuaron 14,325 divorcios.

“Yo pienso que la sociedad se ha adaptado a ver los divorcios como algo más a la par con el ser humano. Ha sido más sensible a eso. Antes, el matrimonio era más largo, pero no tenía que ver nada con la felicidad de la pareja. Muchas de nuestras mamás y abuelas fueron bien abusadas en sus matrimonios. Al entrar a la fuerza laboral, nos podemos valer por nosotras mismas, y ya no toleramos igual”, opina Iris.

La tendencia no ha variado. Las estadísticas más actualizadas a las que tuvo acceso El Nuevo Día, de 2014, detallan en sus datos preliminares que los matrimonios sumaron 16,667 y los divorcios 11,776, para un índice de 70.6%.

A la par, el cúmulo de cifras que año tras año registra el Departamento de Salud revelan que el matrimonio ha ido en picada. De 25,236 que se registraron en 2003, 10 años después, esa cifra cayó a 17,104. Actualmente, se contraen matrimonios más comunmente entre las edadesde 25 a 29 años. También, ha habido un incremento en los reincidentes o personas divorciadas que contraen segundas nupcias -en el 2014 hubo 6,337 novios previamente divorciados y 5,685 novias-.

“Antes, ser divorciado era como si vas al infierno directo y las otras mujeres te reclamaban porque, como ellas toleraban... Yo pienso que ha ido convirtiéndose más flexible y más sensible”.

Cambio de paradigma

Trasladar estos divorcios del tribunal al notariado cambiaría el paradigma de cómo se percibe el divorcio, de un juicio a todas luces público, donde se vierten intimidades ante desconocidos y se expurgan las culpas, a uno más transaccional y más pequeño.

“Cuando uno se casa, a quien invitas es a tu gente íntima. El divorcio es todo lo contrario. Es público, en un ambiente hostil”, opinó Iris.

En su ponencia durante el primer día de vistas públicas para la medida, el Colegio de Abogados expuso: “Es necesario una revisión profunda de las otras causales que contempla el artículo 96 del Código Civil... para que estén a tono con la sociedad moderna puertorriqueña”.

Todavía en el Código Civil permanece el adulterio como causal de divorcio, y esa palabra ha sido ventilada en los tribunales como razón de ruptura 583 veces entre 2003 y 2013.

Entre las otras causales, que a veces ni siquiera suman casos en un año, figuran “la impotencia absoluta perpetua e incurable sobrevenida después del matrimonio” y “la locura incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del matrimonio por un período de tiempo de más de siete años”.

Entre las causales que sí mantienen vigencia y que se encuentran entre las más comunes, se encuentran la separación de ambos cónyuges por un período de tiempo ininterrumpido superior a dos años, la ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial, el abandono por más de un año y el trato cruel o las injurias graves.

Pero, para propósitos de la medida que se discute en la Legislatura, las cifras más relevantes de las estadísticas apuntan al divorcio por consentimiento mutuo. En la última década, el consentimiento mutuo ha sido la causal de divorcio más común. Según el más reciente informe, en el 2013, se divorciaron 6,413 parejas por esta causal, equivalente a la mitad de los divorcios.

Gallina de oro

Debido a que la mayor cantidad de los divorcios se resuelven por acuerdo mutuo, abrir la ruta hacia el notariado tendría la capacidad de vaciar la mitad las salas judiciales.

“Se descongestionan las salas de los tribunales y ello supone un aumento en la productividad de los jueces y se agiliza el trámite”, observó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced en la ponencia que firmó.

Incluso, entre los beneficios con los que contaría la ciudadanía, a juicio de la abogacía del país, sería un mayor acceso a un proceso fácil y civilizado.

“Redunda en beneficios a los ciudadanos, primero, porque evidentemente le quita un poco la naturaleza excesivamente formal que implica ir a los tribunales, donde las partes tendrían que ir también representadas por abogados. En ese sentido, hace más accesible lograr el remedio solicitado que, bajo el modelo tradicional, requería la radicación, el cumplimiento de muchos formalismos para tener la audiencia correspondiente ante un juez. En ese aspecto, se supone que esta medida haga más fácil el acceso a ese remedio legal y lo haga más económico”, observó Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Intermericana.

Junto a los beneficios que se vislumbran para quienes quieren divorciarse, no cabe duda de que la aprobación de la medida significaría una inyección económica para los notarios.

“Entiendo que sí, que ampliaría el marco de su posible ingreso en la medida en que podría autorizar asuntos sobre los cuales hoy no tiene tal autoridad. Contribuiría a fortalecer económicamente al notariado”, respondió el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera.

Pero a su vez, dentro de la crisis fiscal que atraviesa el país, esto ayudaría a ahorrar en la Rama Judicial y brindarle al ciudadano alternativas que no sean onerosas para el Estado. Así lo percibe el presidente del Colegio de Notarios, Nelson González Rosario.

“La figura del notario en Puerto Rico no ha sido evaluada para todos los propósitos que el Estado la puede aprovechar... En países como España y Grecia, cuando se vieron con escasez económica, utilizaron al notario para darle servicios a la ciudadanía que tradicionalmente ofrecía el Gobierno a través de distintas agencias... La gente no tenía que ir a la metrópolis para buscar un certificado de buena conducta, de Hacienda, de impuestos; se configuró un sistema con los notarios y así el gobierno no tenía el costo de la oficina en el municipio”, dijo.

Preocupaciones vitales

No obstante, las preocupaciones con el proyecto de ley siguen latentes en la medida que busca permitir a los notarios tomar las riendas en casos de consentimiento mutuo en los que también interceden asuntos de custodia y pensión alimentaria con menores de edad, de atención a personas discapacitadas y de división de bienes.

Tanto la Oficina de Inspección de Notarios (ODIN), adscrita a la Oficina de la Administración de los Tribunales; como el Departamento de la Familia, mostraron sus reservas con que un notario pueda ocupar el lugar del juez en defender el interés del Estado en proteger a los menores de edad, y el mismo Colegio de Abogados se expresó en contra de que los notarios medien en asuntos susceptibles a contención.

“No tendría ningún problema con los bienes. Sí tendría preocupaciones con los menores de edad y personas incapacitadas. El Estado tiene un interés de parens patriae, que debe velar por los intereses de esas personas. Ahí sería un poco contrario a la filosofía de los procesos de familia por los intereses que hay envueltos en la custodia, en las guías de pensiones alimentarias mandatorias”, aseveró la catedrática en Derecho de Familia, Iris Camacho. “Ahí el estado tiene un interés público superior”, agregó.

El notario, en el vital desempeño de su rol imparcial, no puede asumir parte en el asunto. En ese sentido, en casos no contenciosos, el notario puede asumir la responsabilidad como “funcionario que comprueba, califica y legitima documentación y hechos pertinentes”.

Para atender el tema de los menores y los bienes, el Colegio de Notarios propuso que, asuntos como la pensión alimentaria, custodia, patria potestad y relaciones filiales, se preparen como estipulaciones en la escritura de divorcio como un documento complementario.

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