CONTROVERSIA EN EDUCACIÓN

Secretaria responde a duras críticas a su contrato Ejecutivo anticipa que podría hacer otras contrataciones con fórmulas similares

 

El contrato otorgado a principios de este mes a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y que la convierte en asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) no es ilegal, pero ha generado una serie de cuestionamientos en torno a las implicaciones de que la titular de una agencia gubernamental sea contratista de otra.

 

Mediante un acuerdo firmado el 3 de febrero pasado, Keleher se convirtió en asesora de AAFAF en temas de reestructuración administrativa y curricular del Departamento de Educación, labor por la cual recibirá hasta un máximo de $125,000 en cinco meses. Tanto Keleher como funcionarios del Ejecutivo manifestaron ayer que esta sería la única compensación que recibiría, ya que no cobrará como titular de la agencia. Ante esto, la suma de dinero que le otorga el contrato significa que Keleher recibiría más del triple del salario establecido por ley para el puesto de secretario de Educación.

 

“El gobernador pensaba que yo era la persona con la experiencia para dirigir el Departamento de Educación, además que podía traer algo nuevo. No fue de un día para otro (la negociación del salario), fue un poco más complicado el hecho de que tuve que dejar una vida y venir acá”, destacó la secretaria en entrevista con este diario.

 

La Ley 13 de 1989 establece que el salario del secretario del Departamento de Educación será de $80,000 al año, cantidad que puede variar ya que los funcionarios pueden recibir un diferencial adicional equivalente a un tercio de su sueldo anterior.

 

“El salario (establecido por ley) no hubiese sido suficiente para que yo hubiese (aceptado el puesto)”, reconoció Keleher, al destacar que se mudó de Washington DC a Puerto Rico al aceptar el nombramiento y vendió su compañía de consultoría, Keleher & Associates.

 

Como asesora de AAFAF, Keleher tendrá la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos que permitan completar una reestructuración de las áreas administrativas y curriculares del Departamento de Educación, como parte de las estrategias desarrolladas tanto por el Gobierno local como por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para reducir los gastos gubernamentales y mejorar los servicios a los estudiantes.

 

Bajo el argumento de que a la larga le ahorrará dinero tanto al Departamento de Educación como al Gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló y el secretario de la Gobernación, William Villafañe, defendieron ayer el acuerdo que fue formalizado poco más de un mes después de que se anunciara la designación de Keleher a la cabeza de la agencia más grande del Gobierno. Como punta de lanza, Rosselló detalló que a través de su firma de consultoría tuvo un contrato el año pasado con el Departamento de Educación que ascendía a $231,030.

 

Tanto el gobernador como el secretario de la Gobernación señalaron que la dualidad de funciones que ejecutará Keleher no es una situación nueva en el Gobierno, pues bajo otras administraciones hubo funcionarios que ocupaban más de un puesto. Rosselló insistió en comparar el contrato de asesoría de

“Tenemos el dos por uno. Nos vamos por ahí. Ella estuvo dispuesta a asumir ese reto”

 

WILLIAM VILLAFAÑE Secretario de la Gobernación

Keleher con los millonarios acuerdos firmados con la empresa AlixPartners para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

 

“Aquí se tenía que reestructurar el Departamento de Educación, se tenía que innovar y modernizar la agencia. La pregunta es, ¿lo hacíamos con dos personas aparte o con la misma persona?”, cuestionó el gobernador.

 

No obstante, ningún representante de La Fortaleza reconoció que, en instancias anteriores, no se trataba de un secretario de una agencia que tendría contratos con una agencia distinta. Asimismo, a pesar de múltiples preguntas al respecto, Rosselló se resistió a explicar por qué el contrato no fue dado a conocer por su administración y solo se hizo público tras informes de prensa.

 

Villafañe aseguró que el modelo de contratación de Keleher podría replicarse con otros jefes de agencia, los cuales podrían dejar de devengar salarios como miembros del Gabinete para obtener contratos con otras agencias. No obstante, el gobernador indicó que, por el momento, no se ha contemplado replicar este tipo de contratación con otro funcionario.

 

Aunque reconoció que es una forma de proceder atípica, la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, señaló que el contrato otorgado a la secretaria de Educación no viola los estatutos que rigen el comportamiento ni las designaciones de los funcionarios de gobierno. Asimismo, el hecho de que Keleher sea contratista de AAFAF no la exime de tener que cumplir con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental como todos los demás miembros del Gabinete constitucional y funcionarios públicos, aseguró Rosario.

 

Con esta contratación, Keleher no deja de ser funcionaria del Gobierno ya que ocupará la posición de secretaria de Educación aunque no cobre como tal. Ante esto, deberá cumplir con todas las responsabilidades del puesto, según establece la Ley Orgánica del Departamento de Educación, y no pierde las protecciones legales de ser funcionaria pública, como la inmunidad personal en caso de demandas por las gestiones realizadas como secretaria, indicó el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, a través de una portavoz.

 

LOS DETALLES. El contrato firmado el 3 de febrero entre Keleher y el director ejecutivo de AAFAF, Gerardo Portela Franco, establece que la secretaria cobrará $20,833.33 al mes, lo que equivale a una tarifa de $208.33 la hora. En base a ese pago, si el mismo contrato es extendido, la especialista en consultoría administrativa estaría devengado unos $250,000 anuales.

 

El contrato establece que Keleher no podrá solicitar reembolsos por gastos incurridos en el cumplimiento de sus funciones y cualquier servicio que necesite subcontratar deberá ser sufragado con el pago mensual que reciba, solo si la AAFAF así lo autoriza.

 

Aunque el acuerdo suscrito establece que Keleher le deberá “lealtad” a la AAFAF y no podrá atentar contra los intereses de dicha agencia gubernamental, también señala que su designación como secretaria de Educación tiene prioridad sobre los demás compromisos gubernamentales.

Keleher rechazó que puedan existir conflictos entre sus funciones como secretaria de Educación y como asesora de AAFAF. Por el contrario, señaló que ella ve que sus responsabilidades en ambos roles serán complementarias.

 

EL MALESTAR. La contratación de Keleher a través de AAFAF y el dinero que recibirá por rendir sus servicios fueron objeto ayer de controversia entre las organizaciones magisteriales, quienes trazaron una comparación directa entre la suma que recibiría la secretaria y el sueldo básico de un maestro, el cual es de $1,750 mensuales desde hace más ocho años.

 

De inmediato, tanto la Federación de Maestros como Educamos sentenciaron que Keleher estaría incurriendo en un conflicto de interés si funge como secretaria y asesora del Gobierno. El otorgamiento de un contrato de asesoría a la secretaria de Educación representa la continuación de un patrón de ceder funciones de la agencia encargada del sistema público de enseñanza a la empresa privada, sostuvo la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

 

“Es inaceptable que una persona que fue nombrada para dirigir el Departamento de Educación, bajo las condiciones establecidas para la posición, exija paga adicional para ejercer las funciones para las cuales fue nombrada. No existe justificación alguna para otorgar $25,000 mensuales a la Secretaria, la cual al cabo de un año cobraría $300,000. Cobraría en un mes lo que gana un maestro al año”, manifestó el presidente de UNETE, Emilio Nieves Torres. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, sostuvo que más allá del sueldo que reciba Keleher, lo importante son los resultados que produzca su gestión.

 

“Confiamos en que la doctora Keleher tenga la entereza de decirle al gobernador y a la Junta de Control Fiscal que la educación pública del País no puede entrar dentro de las ecuaciones matemáticas que se están haciendo para pagar la deuda y que su función no sea cerrar y consolidar escuelas para lograr ahorros que pararán en los bolsillos de los bonistas”, expresó Díaz.

 

“Si la secretaria decide mantener este contrato, debe renunciar al cargo público”

MERCEDES MARTÍNEZ Presidenta de la Federación de Maestros

 

Para acceder a la noticia original oprima aquí

 

 

 

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