Siguen cojos servicios para comunidad sorda

A pesar de que la Ley 136 de 1996, que establece que todas las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para personas sordas, no se cumple a cabalidad, una medida legislativa busca enmendarla para que se le obligue a tres entidades de seguridad pública a tener personal adiestrado en lenguaje de señas. 

 

El Proyecto 181 obligaría al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al Emergencias Médicas y a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias a tener personal diestro en esta disciplina. 

 

Durante una vista pública de la Comisión senatorial de Gobierno sobre esta medida, la directora de la Oficina de Avaluación y Ajuste de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), Rosa Lugo, indicó que hay agencias como los departamentos de Familia y Justicia que "nos solicitan que le prestemos un intérprete", cuando los recursos de la ARV son para atender a la población que recibe sus servicios, por ejemplo, en universidades o  institutos técnicos vocacionales, que pueden llegar a unos 70. 

La demanda de las agencias “nos lleva a la conclusión de que la mayoría de estas (agencias de Gobierno) no están cumpliendo (con la Ley 136)... A cabalidad no se está cumpliendo”, agregó Lugo.

 

Para ilustrar la situación, mencionó un caso en que el Departamento de la Familia se comunicó con la ARV porque una persona sorda tenía que acudir a un proceso legal y no tenía el  recurso de intérprete. “Ellos tienen el deber de, si no cuentan con el recurso, identificar las compañías existentes (que provean el servicio) en Puerto Rico y comprarlo (pagarlo) a nivel privado”, dijo.

 

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, destacó que una cosa es lo que "dice la ley y otra es si se cumple o no la ley. Y podemos seguir enmendándola siempre. Si no se cumple, pues no hace ningún efecto".

 

En sus ponencias, el Cuerpo de Emergencias Médicas y Emergencias Médicas aseguraron que su personal operacional tiene curso técnico en este lenguaje. Sobre ello, Lugo opinó a este medio que lo ideal sería un intérprete y no solo personal adiestrado, pues tendría mayor conocimiento sobre la materia. 

 

Durante la audiencia se sugirió  incluir en la medida a la Policía -donde ya ha habido iniciativas relacionadas- y a los servicios de primeros auxilios que hay en los municipios.

 

Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Miguel Romero, indicó que estaría esperando la posición de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos para conocer el status sobre el cumplimiento de la ley, aunque adelantó que  “tiendo a pensar que no en todas las agencias de gobierno hoy día se está cumpliendo con esa disposición de Ley (136)”. 

Agregó que también procurará conocer el impacto fiscal de la medida legislativa con la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  

 

Según las estimaciones del Censo del 2000, en Puerto Rico había cerca de 150 mil personas sordas y se presumía que para el 2010 la cifra aumentaría a 189 mil.

 

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