Auditar la Deuda
Un fantasma recorre la isla de Puerto Rico. El fantasma de la corrupción.
En el día de ayer, el Senado de Puerto Rico votó a favor de derogar el Proyecto 428, mejor conocido como la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, donde se buscaba auditar la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico durante todos los pasados años. Hoy, por su parte, la Cámara de Representantes también votó a favor de la derogación de dicha medida. Ahora solo falta que el Ejecutivo lo firme.
No son pocos los que exigen la auditoria de la deuda, aunque un sector en la cúspide de la sociedad dice que son ñoñerías exigir este remedio ya que no resolvería nada. Ese sector, compuesto por letrados en Derecho en su mayoría, argumenta que de haber incidencias criminales en las emisiones de bonos u otros mecanismos que emitieron deuda, al pasar cinco años prescribían, ya que el artículo 87 del Código Penal estipula que nadie será procesable por delitos menos graves cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Claro está, tienen razón, pero al parecer sus mentes parciales no les dejaron ver un poco más adelante, donde el artículo 88 del mismo código dice que no prescriben los delitos donde hay malversación de fondos públicos. Ahora les digo a ustedes, mis queridos lectores, que no quepa la menor duda de que mucha de esa deuda es odiosa e inconstitucional. Si este no fuera el caso, ¿por qué no auditar la deuda?
Pienso que ‘’auditar la deuda’’ es un término muy limitado para expresar lo que estamos buscando. Existen cuatro tipo de auditorías que se podrían llevar a cabo en Puerto Rico: La primera es la auditoría financiera, que determina cuales son las instituciones gubernamentales responsables por el pago de la deuda; la segunda es la auditoría de cumplimiento, que certifica al público si la deuda cumple con los requisitos legales aplicables, donde también se fiscaliza la autoridad que emitió esa deuda; en tercer lugar, la auditoría de rendimiento, la cual certifica si el dinero tomado fue utilizado para el fin que se dijo; y por último, la auditoría forense, que se utiliza para investigar si alguna de las partes cometió delitos o daños civiles. Con este planteamiento superficial de los distintos métodos de auditar una deuda, es más que evidente la profundidad que conlleva la situación actual de los gastos emitidos por los distintos gobiernos de Puerto Rico. Pero claro, no olvidemos que el discurso del poder es el que se opone a que nosotros, los comunes, sepamos quienes son los responsables de esta realidad.
El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, compuesto en su mayoría por líderes del Partido Nuevo Progresista, desde los comienzos de este cuatrienio, se ha opuesto fervientemente a la auditoria de la deuda. También la administración de García Padilla se oponía a la misma. No podemos olvidar que bajo la administración Fortuño fue donde más deuda se emitió. Dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, Carlos García y José Ramón González, fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento y a su vez, altos ejecutivos del Banco Santander. Bajo el mandato de ambos se emitieron bonos financiados por la misma entidad bancaria a la que trabajaban. ¿A caso esto no es un evidente conflicto de intereses? Me quieren decir que dos personas, de las más responsables en emitir la deuda que hoy es impagable, serán las mismas que van a buscar alternativas para saldar las mismas? O me voy por otra tangente, ¿son estos los personajes necesarios para asegurar a esa entidad bancaria que se pague la deuda a sabiendas de algo más?
En el caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, City of Litchfield v. Ballaou, se determinó que la ciudad de Detroit no tenía que pagar por la deuda emitida ilegalmente, aunque no quiero decir que este vaya a ser el mismo caso de Puerto Rico por nuestra virtuosa relación con el gobierno federal, pero hablemos de lo local. Cualquier abogado que haya tomado el curso de Obligaciones y Contratos sabe que un contrato se considera nulo si este va en contra de la ley, la moral y el orden público. En caso de que se audite la deuda y se encuentre que parte de esta sea ilegal, automáticamente por medio de un tribunal se podría declarar inconstitucional y el gobierno de Puerto Rico no tendría que pagar la misma. Suena muy simplista, pero debemos tener en cuenta que estas emisiones de bonos toman el carácter contractual y se rigen bajo las leyes de Puerto Rico, según nos dice Lcdo. Pintado, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Con lo dicho, ya sabemos porque varios de los miembros de la Junta de Control Fiscal están en las posiciones que están. Aunque son panoramas distintos, la situación actual de Puerto Rico parece una copia de la depresión de 2008, donde el gobierno federal dio billones a los bancos para que estos no se fueran a quiebra. Haciendo varias analogías, ¿no será PROMESA esa salvación a los bonistas y a algunos bancos del patio?