El observatorio ciudadano
Nuestra crisis nacional, como saben los observadores más acuciosos, no es meramente económica y fiscal, sino también de carácter político. Más allá de las obvias limitaciones a la realización de la democracia que impone la condición de subordinación colonial a una metrópoli, las estructuras e instituciones políticas de Puerto Rico carecen de la mayor parte de los adelantos democráticos que se buscan, o que ya se viven y disfrutan, en muchos países del globo en el siglo XXI.
Un resumen breve bastará para comprender lo que quiero decir. En el Puerto Rico contemporáneo —y en pleno siglo XXI— nuestra vida política interna carece de los elementos siguientes, TODOS los cuales son esenciales a una verdadera democracia.
1. Valorización del voto ciudadano mediante prácticas de honestidad y veracidad durante las campañas eleccionarias por parte de candidatos y partidos. Muy al contrario, de un tiempo a esta parte, todos los candidatos a Gobernador han tomado por habitual el hacer falsas promesas de campaña para, una vez en el gobierno, hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron. Esto, evidentemente desvaloriza el voto ciudadano porque los ciudadanos se ven constreñidos a votar, o por pura tradición sin pensamiento crítico, o por las esperanzas falsas que construyen las campañas de los dos partidos principales. Si el voto se otorga en busca de algo que fue prometido, pero los gobernantes deciden luego hacer todo lo contrario, el voto y la voluntad ciudadana pierden su valor, ya que no contribuyen en nada a traer a la realidad del país lo que los votantes buscaron en su ejercicio del derecho al sufragio. El voto ciudadano, de esa manera, pierde su poder.
2. Oportunidad real de participación política efectiva para las minorías políticas, plena libertad de expresión y voto y respeto a las disidencias y a las minorías. Este elemento de la democracia verdadera se traiciona a menudo en Puerto Rico mediante varios mecanismos:
(a) la mal llamada “disciplina de partido” que no es sino un eufemismo y una excusa para un dominio autoritario por parte de una elite exclusiva en cada partido político. La disidencia no se tolera y se castiga, con lo cual los partidos políticos violan —de lo más campantes— la letra y espíritu de nuestra Constitución, la cual establece el respeto a la libertad de voto, pensamiento y convicciones políticas, la no discriminación por estos motivos y hasta la inmunidad parlamentaria de los legisladores.
Todos los partidos principales en Puerto Rico —no sólo los dos mayores del bipartidismo tóxico que asfixian la democracia en el país— funcionan habitualmente por imposición de una minoría controladora, más que por la promoción del diálogo y la construcción de los consensos mediante procesos de negociación respetuosos de las disidencias y de los derechos de las minorías;
(b) Las limitaciones que la propia Constitución colonial de 1952 dispuso en la elección de legisladores a nuestra Asamblea Legislativa mediante el sistema más desigual e injusto que existe: la representación mayoritariamente territorial y pluralista. Por medio de ese tipo de elección, el partido que más votos obtiene se lleva el o los escaños de cada distrito, dejando sin representación alguna a los partidos de minoría en ese distrito. Cualquier partido puede ganar un distrito en Puerto Rico con 30% del voto —si ese porciento es el mayor entre todos los partidos que compitieron— y aunque el 70% haya votado por otros partidos, y por lo tanto le haya votado en contra al supuesto “ganador”. No existe, sin embargo, hasta el momento ningún movimiento democrático más allá de líneas de partidos que tenga como uno de sus objetivos principales el demandar enmiendas a la Constitución en ese aspecto tan importante;
(c) las normas y procedimientos de la CEE controlada por los partidos del bipartidismo, discriminan y perjudican diversas maneras las iniciativas de nuevas ofertas electorales o de nuevos partidos; y
(d) el partido que gana el control de las cámaras legislativas suele creerse con el derecho a gobernar o legislar por sí sólo, sin atender a las propuestas importantes que pudieran proceder de los partidos de la minoría. De ese modo, las más de las veces, los partidos de minoría —todos, el grande y los pequeños— quedan excluidos de participar efectivamente en el trabajo legislativo por lo cual demasiado a menudo se dedican más a realizar un “tour mediático” cuyo fin exclusivo es fiscalizar y criticar al partido de gobierno (no proponer nada o muy poco para ayudar a decidir mejores políticas públicas) y “hacer imagen” entre los votantes para asegurar su re-elección en “las próximas elecciones”.
3. Oportunidades reales para consultar y realizar la voluntad del Pueblo por iniciativa ciudadana. Hay muy poco de esto en Puerto Rico. En ese sentido es un gran mérito que la Cámara de Representantes haya establecido una Oficina de Participación Ciudadana y que se hayan aprobado varias leyes que fueron iniciativa original de ciudadanos particulares. Sin embargo, todavía estamos muy retrasados respecto de lo que se ha logrado en otros países democráticos. Los referendos, por ejemplo, los destina nuestra constitución colonial para que se decidan por la elite política de la Asamblea Legislativa. Nuestra Constitución no reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a solicitar mediante firmas un referendo, como ocurre en California, en Wisconsin y en diversos países de América Latina y de Europa. Hay que esperar a que los legisladores decidan preguntarle al Pueblo lo que a ellos les conviene preguntar, y nunca sobre lo que el Pueblo mismo desearía que le pregunten: por ejemplo, si se apoya o no la reforma contributiva del IVA, si queremos o no que “los federales” impongan la pena de muerte en Puerto Rico en contravención de nuestra Constitución o quién queremos que tenga el poder para determinar el precio de la leche en nuestro país.
Esas cosas importantes, que afectan la vida colectiva, no se preguntan en las colonias. Se imponen por la metrópoli, o por el gobierno central local que resulta representar más los intereses de los bonistas metropolitanos, ¡que los de los habitantes y votantes del País! ¡Vaya democracia! Tampoco existe la posibilidad en Puerto Rico de revocarle el mandato a ningún funcionario electo como sí ocurre en numerosos estados de Estados Unidos y en países que los ignorantes del patio tachan de antidemocráticos, como la Venezuela Bolivariana.
4. Ni siquiera existe una ley de libertad de información como la que existe en el nivel federal en Estados Unidos y en diversos estados norteamericanos, o como existen también, con el nombre de Ley de Transparencia Gubernamental, en países hispanos como México, Argentina, España y Chile.
Este es un vacío increíble en nuestro ordenamiento político en pleno siglo XXI, que si por fin se logra corregir, será por intervención del mundo académico y de la sociedad civil y por el compromiso con las mejoras a la participación democrática en Puerto Rico por parte del Presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. En general, nuestras elites políticas, sobre todo las que dominan los partidos del bipartidismo, sólo escogen imitar de Estados Unidos, lo que conviene a sus intereses partidistas o personales, pero jamás imitan las prácticas democráticas positivas del Gobierno Federal estadounidense, como la Ley Hatch que prohíbe que los funcionarios federales se identifiquen con partidos políticos en las oficinas gubernamentales —mientras el PPD y el PNP hacen de las suyas dividiendo las agencias del gobierno según filiaciones partidistas que se proclaman a boca de jarro— ni tampoco la Ley Federal de Libertad de Información de Estados Unidos. Mientras tanto, se le ha negado al Pueblo y a la prensa del país, por décadas, el tener una ley similar en Puerto Rico, todo ello en abierta contradicción con los más elementales principios democráticos.
Lo peor de todo, desde el punto de vista de muchos ciudadanos que sí añoran vivir en un mejor país, con una democracia real y no de mentirijillas, es la paralización que les produce un bien cultivado pesimismo, contaminado además por la cicuta de la indefensión aprendida, tan presta y frecuente para envenenar las sociedades que han pasado por largos procesos de dominación colonial. Así, muchos de nuestros conciudadanos se “acostumbran” a la idea nefasta de que todo esto ocurre porque los boricuas somos “inferiores”, porque no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, ni de ser auténticamente fieles a la democracia. Esto ocurre de tal modo, que a la parálisis que produce la ignorancia de cómo proceder para enfrentar las tendencias abusivas y dictatoriales de nuestra clase política, se suma otra parálisis más terrible: la que es producto del pesimismo más acendrado. Por ello se reitera tan a menudo en nuestro espacio público el “NO PODEMOS”. El asunto a entender es, sin embrago, que sí podemos: si queremos y nos esforzamos por lograrlo. Si otros pueblos han sabido sobreponerse a dictaduras violentas, guerras civiles y represiones mucho más sanguinarias que las que se han vivido en Puerto Rico, nuestro país también puede, si se lo propone, superar los monstruos de la antidemocracia que asoman tan a menudo por donde quiera. Sólo se trata de acumular la voluntad política de una masa crítica de ciudadanos para forzar entre todos la aniquilación de los hábitos corruptos y antidemocráticos que cohabitan en nuestra sociedad con otros esfuerzos, esos sí constructivos, por traer a Puerto Rico las instituciones y beneficios de la verdadera democracia participativa del siglo XXI.
No todo es atraso en el esfuerzo puertorriqueño hacia la vida democrática
Al mismo tiempo que de nuestro pasado provienen prácticas negativas que atrasan el desarrollo democrático de Puerto Rico, existen también otras, más recientes, que apuntan a un futuro más promisorio. No todo lo que proviene de nuestras instituciones públicas y privadas opera como un ácido arsénico contra el potencial democrático de nuestro país. Una enumeración breve bastará para demostrarlo:
(1) Muy recientemente la legisladora Lydia Méndez (PPD) dirigió en la Asamblea Legislativa un proceso democrático modelo que requirió que los diversos sectores relacionados con la práctica de la profesión de la psicología en Puerto Rico dialogaran sobre sus diferencias, discutieran diversas opciones a profundidad y llegaran a consensos sobre la ley y los reglamentos que aplican al ejercicio de dicha profesión en nuestro país. La legisladora actuó como el país necesita que se actúe: movida por los principios del diálogo, la negociación solidaria y la participación democrática más amplia. Y con el bien común como norte. No permitió imposiciones anti-democráticas por parte de ningún sector. Es quizá uno de los méritos mayores de dicho proceso legislativo ejemplar el que el mismo se iniciara por la atención que le otorgó dicha legisladora, como dirigente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a la petición de un grupo de estudiantes de psicología que se sentían afectados por las normativas vigentes;
(2) Desde hace años, por iniciativa del fallecido alcalde de Caguas William Miranda Marín en Caguas se opera el gobierno municipal orientado por los principios de la gobernanza democrática, con un componente importante de colaboración multisectorial y también de autogestión de las comunidades. No sólo eso sino que —rompiendo el mal hábito de los candidatos a alcaldes de los partidos— de seleccionar personalmente a todos los candidatos de su partido para la Legislatura Municipal como una “plancha personal de su confianza”, lo cual contradice el potencial democrático de una representación de los barrios —como sucede con las regiones y distritos en el nivel central— Miranda Marín permitió que varias comunidades recomendaran y él nombrara a algunos Legisladores Municipales en representación de tales comunidades o barrios o de movimientos importantes como el Cooperativismo;
(3) Más recientemente, y como producto de los numerosos acuerdos y alianzas con comunidades de San Juan, concertados por la entonces candidata a alcaldesa por el PPD para la ciudad capital, Carmen Yulín Cruz Soto, el gobierno municipal de San Juan ha establecido los presupuestos participativos con amplia participación de diversas comunidades de la capital. De esta manera, en lo concerniente a las inversiones en obras públicas en las comunidades, se ha llevado a cabo con éxito en nuestro país la participación ciudadana más amplia y democrática posible, para decidir prioridades en torno a las obras públicas municipales que se realizarán en esas mismas comunidades. Es esta todavía una parte limitada del presupuesto general del municipio, pero Roma no se hizo en un día, y estos procesos de colaboración democrática entre el liderato de las comunidades y los funcionarios de la administración pública municipal toman tiempo y mucho esfuerzo y trabajo. Ha sido sin duda un esfuerzo encomiable bajo la dirección de Nilsa Medina Piña, profesora en destaque de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
(4) Desde hace un tiempo también el Proyecto Enlace ha propiciado la educación política democrática y la democracia participativa entre ciudadanos del Caño Martín Peña en Santurce y han surgido además iniciativas ciudadanas democráticas como las del llamado G-8, de ocho grupos de comunidades del Caño. Cierto es que muchas comunidades han sufrido retrasos en sus luchas comunitarias democráticas afectadas tanto por la crisis económica como por la migración masiva de sus habitantes. Pero también en muchas otras los procesos democráticos de iniciativa popular avanzan. Recientemente, un grupo de líderes comunitarios y de diversas agrupaciones de la sociedad civil se reunieron para aprender de la Dra. Marcia Rivera, sobre el éxito de las alianzas y de los procesos democráticos de construcción de consensos protagonizados por ciudadanos durante los años de Gobierno del Frente Amplio en el Uruguay. Es una educación política de importancia medular en nuestro país, donde se dificultan tanto las alianzas y los consensos;
(5) Casa Pueblo es también un ejemplo de iniciativas de participación democrática ciudadana vinculada a valores importantes como la protección y defensa del ambiente natural, promoción de la agricultura y del café, la educación de nuestros niños y el uso de la radio comunitaria para aglutinar esfuerzos de participación ciudadana; y finalmente,
(6), y más prominente e importante, ha sido sin duda el éxito de la Fundación AGENDA CIUDADANA y de su Directora Ejecutiva María de Lourdes Lara Hernández en propiciar la educación política y la participación democrática de muchos ciudadanos y habitantes de Puerto Rico mediante numerosos foros de discusión, deliberación y construcción de consensos a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Agenda Ciudadana ha estado contribuyendo con ello a propiciar y realizar deliberación ciudadana solidaria sobre problemas que nos afectan y sobre las políticas públicas, como lo ha sido, para dar tan sólo un ejemplo, la iniciativa del Plan Decenal de Educación. Muy importante ha sido el desarrollo de una alianza de propósitos democráticos entre AGENDA CIUDADANA y el Grupo Ferré Rangel de medios de comunicación, en particular, del diario El Nuevo Día. Mediante esta alianza colaborativa, se ha logrado no sólo la canalización de apoyos y recursos desde diversos sectores cívicos a los trabajos de AGENDA CIUDADANA, sino que se ha observado una presencia creciente de las labores de esta organización en las páginas de El Nuevo Día, con lo cual un diario principal del país ha estado ofreciendo espacio y voz a los que anteriormente no tenían voz.
Una nueva iniciativa: el Observatorio Ciudadano
El 15 de septiembre de 2014 la Universidad de Puerto Rico, representada por su presidente, Uroyoán Walker Ramos y la Fundación Agenda Ciudadana (FAC), representada por el presidente de su Junta de Directores, Luis Alberto Ferré Rangel, concertaron un Convenio de Colaboración. El mismo partió del compromiso y misión de la Universidad relacionado con la promoción de la discusión democrática en nuestro país sobre los problemas colectivos y la coincidencia de tal misión con los esfuerzos de la FAC, en el plano más amplio de los ciudadanos en general. El convenio propicia diversos modos de colaboración que beneficiarán mutuamente a los profesores y a los estudiantes de los recintos universitarios, los currículos de los programas académicos, y a los ciudadanos mediante el contacto y utilización de las capacidades de investigación y los saberes que dominan los académicos de la Universidad de Puerto Rico. En otras palabras, el convenio permite colaboraciones interesantes entre los académicos, los estudiantes y los ciudadanos en general en la discusión conjunta de los problemas del país mediante la deliberación democrática, la promoción de investigaciones conjuntas con el modelo de “investigación en acción” o investigación científica de base comunitaria, donde los propios ciudadanos residentes en diversas comunidades contribuyen a investigar su propia realidad, hacer estudios de necesidades y contribuir con propuestas basadas en investigación y traerlas al debate en el espacio público sobre las políticas de los gobiernos. En este proceso de colaboración será de importancia vital el establecimiento, a partir del año académico 2015-2016, del primer Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas.
¿Qué son los observatorios ciudadanos? Las características principales de los observatorios ciudadanos, según han ido evolucionando en diversos países anteriormente, son las siguientes:
(1) Se crean siempre por iniciativa ciudadana; (2) Son o se afilian a organizaciones sin fines de lucro; (3) Se crean con el propósito de observar los procesos de gobierno o la situación de un país en aspectos específicos relacionados con las políticas públicas; (4) Buscan información fidedigna sobre los asuntos que observan y estudian y la mayoría de ellos tienen sede universitaria; (5) Suelen recibir colaboración de académicos, tanques de ideas y de las universidades públicas y privadas; (6) Tienen un compromiso particular con apoderar a los ciudadanos, mejorar los procesos democráticos, contribuir a un mejor gobierno y exigir la transparencia gubernamental y el derecho a la información; y (7) Velan por mantener autonomía, distancia e independencia técnica de los gobiernos con los cuales interactúan.
Los observatorios ciudadanos suelen verse como un instrumento novedoso —y muchas veces muy efectivo— para evaluar las políticas públicas de los gobiernos y proponer opciones de bien común que los ciudadanos deseamos se incorporen en dichas políticas. Estas iniciativas de colaboración entre los ciudadanos y los académicos de las universidades buscan impulsar una cultura de deliberación, seguimiento y evaluación de políticas públicas (PP) —y del desempeño de los servidores y agencias públicas—con miras a desarrollar mayor control social mediante la realización de ejercicios sistemáticos de observación, seguimiento y presentación de proyectos por parte de la sociedad civil y de la Academia. Promueven, como se indicó, la investigación en acción y de base comunitaria. Buscan además la transparencia en los gobiernos y la rendición de cuentas de los gobernantes como un elemento esencial de la responsabilidad política.
Sus actividades principales son:
1- la elaboración de diagnósticos; 2- la redacción de informes al respecto y 3- la difusión de los resultados obtenidos
De este modo, el trabajo que realizan los observatorios ciudadanos es de suma importancia también para políticos y gobernantes, máxime en estos tiempos en que se requiere cada vez más en los países que avanzan hacia el desarrollo lo que se ha dado a conocer en idioma inglés como data driven decision making, es decir, una toma de decisiones de las políticas públicas más ponderada y sofisticada y realizada a base del examen riguroso por las instancias políticas de los resultados de las investigaciones científicas, las cuales a menudo sugieren que algunas opciones son preferibles a otras, sobre todo si se busca privilegiar el bien común. En el caso del observatorio ciudadano a establecerse como parte de la colaboración entre la UPR, y sus diversos recintos, y la FAC, se trata de un observatorio virtual, en el sentido de que se busca realizarlo mediante una plataforma digital por la Internet. De esa manera se pone la tecnología al servicio de la democracia. Aunque no se descartan las actividades o reuniones “presenciales” la mayor parte de las actividades serán por la vía digital, por lo que se puede superar de esa manera la distancia física que tradicionalmente ha dificultado las colaboraciones académicas entre diversos recintos o entre diversas universidades públicas y privadas.
Uno de los principales servicios que podrá hacer al país este Observatorio Ciudadano es la de impulsar y movilizar el respaldo ciudadano y por parte de los académicos del país para que Puerto Rico, por fin, pueda contar con una Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública. La presentación del anteproyecto ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes desde 2013 ha sido una colaboración auténticamente democrática y multisectorial de entidades como el Centro de Gobernanza Democrática de la Universidad del Turabo de Caguas y su directora Dra. Eneida Torres, así como de su rector, Dennis Alicea, y, por parte del gobierno, el Dr. Mario Marazzi Santiago director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el cual es una entidad autónoma dentro de la Rama Ejecutiva del Gobierno Central. El Proyecto actualmente espera por su radicación formal y discusión en la Cámara de Representantes por iniciativa del propio Presidente del cuerpo, Jaime Perelló.
Como se puede colegir, esta iniciativa habrá de constituir una prueba más de que no todo es tóxico a una verdadera democracia en nuestro país y que frente al pesimismo de los que se paralizan por el “no se puede”, otras personas y grupos —aquellos con mayor acceso al conocimiento necesario para el logro de mejores políticas públicas de nuestros gobiernos— estarán diciendo con su colaboración y participación: Sí, se puede.
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