PRIORIDAD PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El titular de la Administración para Financiamiento de la Vivienda, Edwin Carreras Rivera, creará programas para que la carga de la renta no sea escollo en el camino hacia la liberación del abuso doméstico

Estar bajo techo seguro es fundamental para romper el ciclo de la violencia doméstica. Sin embargo, durante ese proceso de dejar atrás el abuso y la dependencia, los gastos por concepto de renta, agua y luz pueden convertirse en una preocupación adicional para las víctimas.

Para evitarlo, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) implantará un programa que les proveerá a mujeres maltratadas vales (“vouchers”) para cubrir los costos cotidianos de un hogar.

“Nuevo Comienzo”, incluido en el Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló, comenzará entre noviembre y diciembre de este año. Como se sufragará con fondos del Programa HOME del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), se requiere esperar a que inicie el nuevo año fiscal federal en octubre.

“El propósito es que las mujeres maltratadas puedan terminar con el ciclo de la violencia, iniciando así un proceso de transición real y saludable”, dijo el director ejecutivo de la AFV, Edwin Carreras Rivera, tras señalar que los “vouchers” que las solicitantes recibirán podrán ser utilizados en la casa que ocupen al momento o moverse a otra.

El monto variará caso a caso, pues dependerá de la composición familiar de las solicitantes y las tablas federales aplicables a los municipios. “Dependerá de la región, pero se estima que (la cantidad) ronde alrededor de $400 a $500 (por solicitante)”, indicó.

Agregó que el programa está dirigido a proveer asistencia por 12 meses, pero HUD permite, a discreción del director ejecutivo de la AFV, extender el período a dos años.

“Este es un programa necesario, pues tiene como objetivo atacar un problema social que nos acoge día a día”, afirmó Carreras Rivera, y señaló que se contempla establecer alianzas con diferentes agencias, como la Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Las estadísticas más recientes de la OPM dan cuenta de que, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, se reportaron 7,749 incidentes de violencia doméstica. De las víctimas, 6,309 eran mujeres. Se expidieron 8,053 órdenes de protección.

Poco después de ser nombrada, la procuradora Ileana Aymat Ríos dijo que asumía el puesto en momentos en que los asesinatos de mujeres aumentaron un 43.7% respecto al 2015. Según la OPM, el 2016 terminó con 46 mujeres asesinadas y nueve menores, para un total de 55 víctimas fatales. De esas, seis fueron objeto de maltrato y 10, de violencia doméstica. “FACILITADORES”. Carreras Rivera indicó que llega a la AFV con la misión de promover el desarrollo de vivienda de interés social y proveer opciones de financiamiento, subsidios e incentivos para que las personas puedan adquirir o arrendar un hogar digno.

“Les daremos casas, pero ellos les darán el significado de hogar. Seremos facilitadores a través de nuestros programas (para los que se espera haya disponible, como mínimo, $8 millones en fondos federales)”, dijo.

Otro de esos programas es “Casa Mía”, dirigido a madres o jefas de familia, que busca que las rentas que pagan en casas alquiladas sean capitalizadas a manera de abono o pronto con miras a adjudicarse al valor de la propiedad.

Según Carreras Rivera, “muchas” madres o jefas de familia tienen capacidad de pago, pero no pueden comprar una casa “porque tienen el crédito malo”. Bajo este programa, el pago puntual de la renta durante el período de transición se acumularía en el historial crediticio.

Actualmente, detalló Carreras Rivera, el Gobierno mantiene bajo su inventario unas 400 unidades de vivienda reposeídas, que pueden acondicionarse y restaurarse para disponer de ellas de inmediato bajo “Casa Mía” y otros programas. De igual forma, podrían añadirse las viviendas reposeídas por la banca privada.

Para atender las necesidades de vivienda de la población de la tercera edad –cada vez más creciente–, se implantará “Techo Dorado” y se maximizará el Programa Federal de Créditos Contributivos (LIHTC 4%).

Carreras Rivera explicó que “Techo Dorado” tiene el fin de completar las reparaciones de emergencia y/o menores que se necesiten en el hogar principal de personas de edad avanzada.

El propósito de “Nuevo Cominezo” es servir como herramienta para ayudar a salir del patrón de abuso de la violencia doméstica. zada con bajos ingresos, además de adaptarlas para su uso. Mientras, la maximización del LIHTC 4% busca que pueda combinarse con otros programas federales y estatales para cubrir el 50% de la construcción de pequeñas égidas en toda la Isla.

El funcionario citó el estudio “Perfil demográfico de la población de 60 años”, de 2010, que encontró que unas 67,000 familias de edad avanzada tenían carga de vivienda, y que la cifra aumentaría a 80,000 familias en cinco años. “Este grupo se caracteriza porque sus ingresos son bajos o moderados. Hay necesidad urgente de proveerles vivienda segura, y que el norte sea que su dinero se redirija a necesidades del diario vivir; que el techo no sea preocupación”, dijo.

En alianza con el Departamento de Salud, también se implantará el programa “Vivienda Asistida”, dirigido a personas con discapacidad física o mental, cuya población en 2014 ascendía a 286,000 personas, según el Negociado de Estadísticas del Departamento del Trabajo.

El programa, señaló Carreras Rivera, busca identificar edificios del Gobierno en desuso que se puedan modernizar y convertir en complejos para adultos con discapacidad física o mental, que necesiten asistencia mínima en su diario vivir. FUERA DEL BGF. En términos administrativos, Carreras Rivera informó que ya se está elaborando un proyecto para enmendar la ley habilitadora de la AFV, a los fines de que deje de ser una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según el funcionario, esa relación con el BGF supone un reto para cumplir con la misión de la AFV, pues “limita” el manejo de los recursos humanos y establece burocracia, por ejemplo, en las compras.

“Tenemos ingresos propios y fondos federales, por lo que entendemos que la independencia total de la AFV nos va a abrir los mercados de capital, porque no arrastraremos con el lastre del BGF. Siendo ellos la matriz y nosotros los subsidiarios, siempre nos veremos afectados”, planteó.

Al momento, precisó, en el BGF hay $121.3 millones de la AFV, por concepto de certificados de depósitos y dinero líquido, que están “congelados” tras la adopción de la Ley 21-2016 (Ley de Moratoria). Lo mismo ocurre con otros $67.4 millones que están depositados en el Banco de Desarrollo Económico (BDE).

“Si sumas ambas partidas, son $188.7 millones que antes estaban dirigidos a programas. Estamos trabajando en equipo y alianzas para ver cómo comenzamos a abrir ese flujo de alguna manera, en economías de escala, para que nuestros programas empiecen a estimular la economía de forma directa”, expuso.

Carreras Rivera señaló que actualmente existe un déficit como resultado de la venta de una cartera de activos hipotecarios de $109 millones, que generaba ingresos de $6.7 millones. La transacción, finiquitada el pasado cuatrienio para “salvar” la liquidez del BGF, fue por $89 millones, por lo que resultó “perdidosa” y “aceleró innecesariamente” una línea de crédito que tenía fuente de repago asegurada.

“Esa fuente eran las cuentas inactivas o fondos no reclamados de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La AFV cuenta con el programa Mi Casa Propia, que está detenido y tiene $57 millones en las cuentas del Departamento de Hacienda, que por ley están pignorados para estos subsidios y no han sido reclamados”, dijo.

Por otro lado, Carreras Rivera rechazó que su gestión en la AFV se vea limitada por ser una corporación pública cobijada por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) y controlada por la Junta de Supervisión Fiscal.

“No es una limitación. Aunque PROMESA no hubiese venido, el Plan para Puerto Rico está diseñado para maximizar los recursos. Nosotros no impactamos el Fondo General, pero vamos a cumplir con las órdenes ejecutivas de austeridad que el gobernador firmó. No estamos obligados por ser corporación, pero estableceremos controles internos de austeridad, maximización de recursos y reducción de gastos”, sostuvo.

Carreras Rivera adelantó que se estará reuniendo con representantes de la banca, cooperativas y casas hipotecarias, entre otros grupos del sector privado, para “recuperar confianza” y fomentar transparencia.

“Al ser una subsidiaria del BGF, arrastramos lo que ellos tienen en sus estados financieros”

“Con mis 190 empleados, vamos a recuperar la cultura de hospitalidad y servicio que se ha ido perdiendo”

“Crecí en la barriada Las Monjas de San Juan, por lo que conozco las necesidades de las personas que voy a estar ayudando a progresar” EDWIN CARRERAS RIVERA Director ejecutivo de la AFV

Para acceder a la noticia ver la versión impresa del Periódico El Nuevo Día del 14 de enero de 2017, página 4 y 5.