Impuestos y recortes para cuadrar la caja

El plan establece reducir gastos por $3,000 millones y un recorte de $3,100 millones al pago de la deuda Las recomendaciones buscan lograr un presupuesto balanceado para el año 2019 El gobierno se dispone a hacer los ajustes para implementar las medidas

Justo cuando Puerto Rico entra al año número 12 de contracción económica, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que está dispuesta a otorgarle tiempo adicional para presentar un nuevo plan fiscal, siempre y cuando el mandatario esté dispuesto a despedir empleados públicos, reducir las pensiones de miles de jubilados, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y Mi Salud y saque de los bolsillos de los contribuyentes corporativos e individuos otros $1,500 millones.

El ente federal también estaría dispuesto a extender la paralización de litigios provista en la ley federal PROMESA hasta el próximo 1 de mayo si la administración Rosselló Nevares le presenta un plan para renegociar la deuda pública de la Isla, lo que partiendo de los números provistos por la JSF podría significar un ajuste en el servicio anual de la deuda de $3,000 millones.

Ayer, la JSF comunicó sus intenciones a Rosselló Nevares en una carta de 14 páginas en la que prácticamente le advirtió al mandatario que debe cuadrar el presupuesto en un plazo de dos años fiscales y que las propuestas de ajustes en el gasto público son “prerrequisitos” para aprobar cualquier plan que se le presente.

De inmediato, el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, indicó que la administración de Rosselló Nevares buscará cumplir con las condiciones de la Junta, pero aseguró que existen otros mecanismos para cuadrar el presupuesto y cerrar el hoyo fiscal, estimado por la JSF en unos $7,600 millones.

En la misiva, la JSF indicó a Rosselló Nevares que su equipo podrá presentar un nuevo plan fiscal en o antes del 28 de febrero próximo, documento que debería aprobarse en o antes del 15 de marzo del corriente año. Ello, si el mandatario accede a cuadrar el presupuesto “de una vez” y “sin la discusión o consideración de un préstamo o financiamiento de corto plazo”, un elemento que Rosselló Nevares y su equipo han planteado como necesario para evitar un cierre del Gobierno. LA PASADA ADMINISTRACIÓN.

Empero, a preguntas de El Nuevo Día, Sánchez Sifonte aceptó que los números de la JSF acerca del déficit presupuestario no son muy distintos a las proyecciones preliminares que trabaja el equipo fiscal y los asesores del Gobierno. Por ello, Sánchez Sifonte aceptó que las medidas que se avecinan serán “dramáticas” para evitar “un colapso total” del Gobierno.

“Este es el resultado de una administración pasada que no quiso colaborar, que perdió tiempo en presentar un plan fiscal que no cumplió con los requisitos y ahora la Junta busca tratar de cuadrar”, dijo Sánchez Sifonte en referencia a la administración de Alejandro García Padilla. GARCÍA PADILLA CRITICA LA JSF. Por su parte, el exgobernador arremetió contra la JSF.

“Estoy consternado con lo que la Junta propone para el país en su carta”, dijo García Padilla en declaraciones escritas. “Aunque en la misiva, (la JSF) valida nuevamente los números fiscales informados por mi administración y la magnitud de los retos económicos que enfrentamos, las guías que establecen para recuperarnos de la crisis son injustificables”.

“PROMESA nos ofrece las herramientas para enfrentar la crisis fiscal, pero esas herramientas no pueden usarse para hundir a Puerto Rico en la ruta de la austeridad y el sufrimiento, particularmente cuando la propia Junta admite que su plan es desviar recursos de servicios esenciales para pagarles a los bonistas. Los puertorriqueños ya han puesto demasiado sobre la mesa”, sostuvo García Padilla. UNA DOSIS QUE

APLICARÍA A TODOS. Ayer, como si se tratara de la receta que prescribe un galeno antes de ingresar a un paciente en el hospital para amputarle una extremidad, la JSF envió a Rosselló Nevares una lista de condiciones que debe contener el nuevo plan fiscal.

Y la receta prescrita por la JSF supone una dosis que tendrán que beber los empleados públicos, los pensionados del Gobierno, las empresas foráneas que pagan el arbitrio del 4%, pero también los compran todo tipo de servicios públicos (es decir, desde los marbetes hasta el transporte público), los beneficios de Mi Salud y los proveedores y aseguradoras que prestan servicios a esa población.

Además, según los números provistos por la JSF, a los bonistas también les tocará una parte de la dosis, que podría rondar el 80% del pago anual que Puerto Rico debe hacerles –a través de distintos emisores– en los próximos dos años. Si es el caso, el recorte a los bonistas podría ser muy similar al que antes propuso, sin éxito, García Padilla.

MAYOR PESO SOBRE LA GENTE. En dólares y centavos, la JSF le propuso a Rosselló Nevares acabar la pésima gestión presupuestaria que ha caracterizado a Puerto Rico por casi dos décadas, pasando el 60% de la factura a los contribuyentes y consumidores, así como a los pensionados, a los trabajadores y las empresas en Puerto Rico, haciendo ajustes a través de cinco áreas, a saber: mejorar los recaudos del gobierno, llevar al gobierno a su tamaño adecuado; reducir el gasto en salud y en la educación superior y reformar las pensiones.

Por ejemplo, según un anejo de la carta, la JSF propuso a Rosselló recortar el 23% del gasto de nómina, o sea, unos $900 millones, lo que implicaría reducir el número de empleados en el sector público, indicador que ya se encuentra en mínimos históricos.

La JSF también propuso eliminar el 100% de los subsidios a municipios (unos $400 millones), lo que se compensaría con una revisión al impuesto sobre las propiedades.

En el caso de Mi Salud, la JSF propone que se aumenten los pagos que hacen los beneficiarios del plan gubernamental, reducir lo que se paga a proveedores y atajar el fraude. Medidas como esas deberían ahorrarle a Puerto Rico otros $1,000 millones.

En tanto, la JSF también entiende que la UPR podría recortar $300 millones o el 27% de su presupuesto, si aumenta la proporción de servicios entre estudiantes y profesores, aumenta la matrícula a quienes puedan pagarla y promueve que estudiantes internacionales y a nivel continental decidan estudiar en esa institución.

Además, la JSF cree que se puede reducir en 10% las pensiones, lo que podría aplicarse de manera “progresiva”. Es decir, que los recortes se darían en las pensiones más altas que pagan los planes de retiro públicos.

EN EL MISMO LUGAR QUE AGP. Para cerrar la brecha presupuestaria, la administración Rosselló Nevares tendría que sentarse con los bonistas y viabilizar una renegociación volun- taria de la deuda a través del Título VI de la ley PROMESA, según la JSF.

Sin embargo, la conversación con los acreedores no necesariamente se daría en buenos términos. A la luz de los números que la JSF divulgó ayer, la ristra de recortes y cambios en el gobierno no sería suficiente y por ende, los bonistas –entre ellos, miles de individuos puertorriqueños– tendrían que aceptar un recorte en el servicio a la deuda que podría rondar $3,000 millones.

Y la dosis que aplicaría a los bonistas surge precisamente cuando el equipo de Rosselló Nevares lleva a cabo una jornada de reuniones informales con diversos acreedores de la Isla que continúa hoy.

Dicho de otra forma, a pesar de que por meses, Rosselló Nevares planteó a decenas de bonistas que al llegar a La Fortaleza pagaría las obligaciones de Puerto Rico, el nuevo primer ejecutivo se encuentra exactamente en el cuadro de impago que dejó García Padilla y que ahora busca atender la JSF en un plazo de dos años. Ello, aun cuando bajo PROMESA podría cerrarse el déficit fiscal en un período de tiempo más extenso.

SE PUEDE CUADRAR SIN DESPIDOS. “Los números son los que son”, dijo Sánchez Sifonte con cierta resignación cuando se le preguntó si el nuevo gobierno implementará la dosis propuesta por la JSF. “La Junta hace unas recomendaciones. Se nos indica que la Junta está inclinada a conceder una extensión de tiempo que solicitamos para proponer alternativas”, agregó. Sánchez Sifonte indicó que el proceso de transición confirmó la precaria posición del fisco que plantea la JSF. Pero acto seguido, dijo que “hay otras vías”, por el lado de reformas estructurales para lograr los recortes en gastos que espera ver la JSF.

Sánchez Sifonte explicó que la deficiencia de $7,600 millones que indica la JSF descansa en las proyecciones efectuadas por la administración García Padilla y que en el caso de la administración Rosselló Nevares, las medidas que se tomarán en los próximos meses contribuirán a un déficit menor que el estimado para el año fiscal 2019.

“El enfoque de la Junta es ir tras la nómina, pero el enfoque de la administración es lograr ahorros mediante gasto operacional no asociado a nómina”, dijo Sánchez Sifonte al mencionar la propuesta de empleador único como uno de los mecanismos en el tintero.

A DEFINIR SERVICIOS ESENCIALES. En el caso de Mi Salud, Sánchez Sifonte dijo que no hay “otro camino” que lograr la paridad en los programas Medicare y Medicaid.

“En salud, la situación es severa. Ya esto es una cuestión donde los argumentos de la crisis humanitaria que se hicieron para lograr la aprobación de PROMESA, ahora serán una realidad si no se tiene la colaboración del gobierno federal”, argumentó el abogado, quien sostuvo que por “la negligencia” de la pasada administración y las exigencias de la JSF, Rosselló Nevares prácticamente estará forzado a cuadrar los números con recortes a la gente y los bonistas.

Sea con la receta de la JSF o los cambios que impulse Rosselló Nevares, Sánchez Sifonte aceptó que “la economía va a sufrir un golpe”. El ajuste fiscal que necesita Puerto Rico prácticamente equivaldría al 7% del producto bruto de la Isla.

Según Sánchez Sifonte, medidas como la reforma laboral servirán de contrapeso al ajuste fiscal y darían herramientas al sector privado.

En ese sentido y ante el pedido de un plan de liquidez que también hizo la JSF, Sánchez Sifonte indicó que la administración Rosselló Nevares y sus asesores trabajan en un protocolo para determinar qué son servicios esenciales en cada agencia de gobierno.

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