Lluvia de cuestionamientos en vista de status


Una lluvia de cuestionamientos –algunos vetustos– sobre el entuerto que ha representado el tema del status político para Puerto Rico inundó ayer las vistas en las que se discutió el propuesto proyecto de ley para realizar una consulta de status con las opciones de estadidad o independencia.

La indefinición de los populares, la falta de interés del Congreso en resolver el problema, la inacción de pasadas administraciones, las implicaciones de la estadidad en términos de contribuciones federales, la identidad propia cultural de Puerto Rico, la imposición del inglés como idioma para defensa en las cortes y las definiciones parcializadas, entre otros aspectos, dominaron los trabajos conducidos –tanto por la Cámara como por el Senado– por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas.

Las vistas se extendieron por más de nueve horas sin receso. No habrá más vistas públicas, dijo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien dirigió los trabajos junto al representante José Aponte. “Yo espero aprobarlo la semana próxima”, afirmó.

La discusión estuvo sazonada por dos nuevos elementos de mucha actualidad: la profunda crisis fiscal de la Isla y la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal a través de la ley federal PROMESA.

Y el momento más álgido ocurrió durante las ponencias que presentaron los tres exgobernadores populares Rafael Hernández Colón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla. En síntesis, los tres plantearon que el proyecto era un ejercicio de futilidad, antidemocrático, excluyente y que violenta el derecho a la libre autodeterminación.

Pero el presidente del Senado les preguntó en reiteradas ocasiones si el Partido Popular Democrático (PPD) tenía una definición del Estado Libre Asociado (ELA) desarrollado o mejorado. “Lo que tienen que decirnos es cuál es la definición. Están hablando de una definición que no tienen”, sostuvo Rivera Schatz con la intención de plasmar lo que llamó el “inmovilismo” de las administraciones populares para con el status.

Ante la insistente pregunta, Hernández Colón dijo que tenía una definición, pero respondió “eso ya es otra cosa”, cuando el líder senatorial le cuestionó si era la del PPD.

Acevedo Vilá fue categórico en que esa es una tarea que le correspondía al PPD. “Es un asunto del PPD”, repitió.

García Padilla condicionó la entrega de una definición del ELA mejorado si Rivera Schatz se comprometía a llevarla a Justicia federal, que debe avalar las definiciones para que asigne $2.5 millones federales que fueron consignados para una consulta de status en Puerto Rico. Con sus expresiones los exgobernadores cruzaron una línea que la Junta de Gobierno del PPD quería evitar: abrir la puerta para hacer el proyecto enmendable y someter una definición del ELA.

De otra parte, el exsenador Antonio Fas Alzamora compareció para hablar de lo que llamó “pacto de asociación”. Es uno de naturaleza no colonial, no territorial y está basado en la soberanía del pueblo puertorriqueño, dijo sobre lo que concibió hace ya más de una década.

“Representa la solución más completa, sensata y viable al problema político y económico del País”, sostuvo. Mientras que el también exsenador Marco Rigau abogó por la libre asociación. Exhortó a eliminar “adjetivos utilizados para endulzar el status que la mayoría favorece”. Así las cosas, sugirió una definición para la libre asociación bajo un Tratado de Libre Asociación entre Puerto Rico y EE.UU, que reconoce la soberanía de Puerto Rico y se retiene la ciudadanía americana. “Puerto Rico solo tendrá como limitaciones a su soberanía lo que específicamente acuerde y pacte con EE.UU.”, dijo Rigau.

La última ponencia la presentó la directora de la organización “Igualdad”, Annabel Guillén Casañas, quien aboga por la estadidad. Avaló la consulta propuesta. “Es un proyecto que pone fin al inmovilismo”, sostuvo.

Dijo que de hacerse la consulta, orientarán para evitar la abstención. “El que no vote se corre el riesgo que otros decidan por él o ella”, afirmó.

“El ELA como había sido definido no existe y nunca existió”

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que tiene un “mandato electoral” para hacer el propuesto plebiscito. Hizo un recuento de los grupos de trabajo congresionales, las consultas y las decisiones judiciales que han plasmado que el ELA es rechazado y es un status colonial y territorial. También mencionó que la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal a través de la ley federal PROMESA denota “aún más la limitación de poderes políticos en Puerto Rico y marca con más claridad que el ELA es una colonia”.

El representante popular Luis Vega confrontó al gobernador con que la estadidad equivaldría a miles de millones en contribuciones federales, a tono con el informe del 2014 de la Oficina General de Contabilidad. “Estaríamos en mejor posición de desarrollo económico y de más recursos para Puerto Rico haciendo la transición hacia la estadidad", ripostó Rosselló.

Sin éxito el plebiscito

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá respaldó “totalmente” la posición institucional del Partido Popular Democrático. Declaró que el proyecto que crea el status “no es enmendable y no atiende el tema de status con la seriedad que amerita ni respeta los principios básicos de democracia, juego limpio y equidad”. De la forma en que está redactada la medida, los resultados están “predeterminados”. Por lo tanto, no le auguró posibilidades de éxito. Para ello, dijo Acevedo Vilá, la medida debía ser inclusiva de las diferentes tendencias políticas en Puerto Rico e incorporar al Congreso desde el principio.

“Los verdaderos estadistas deberían repudiar este proyecto porque no va a adelantar su causa. No actúen con frenesí. Recuerden que ustedes tienen un mandato de gobernar, pero validado solamente con el 42% de los votos. No humillen y atropellen a ese 58% del pueblo que no votó por ustedes”, sentenció. Pero el presidente senatorial le recordó que por 42% se avaló el ELA en 1952.

Aboga por el ELA mejorado

El exgobernador Rafael Hernández Colón argumentó que el proyecto de status no cumple con lo estipulado en la Ley Pública Federal 1113-76 aprobada en el 2014 por el Congreso estadounidense y que destina $2.5 millones para educar sobre una consulta con definiciones avaladas por el Departamento de Justicia federal.

Tampoco cumple con el Derecho Internacional y “violenta el derecho al voto de los puertorriqueños que apoyamos el ELA desarrollado”. Además rechazó el postulado recogido en la exposición de motivos de la medida que propone la consulta que señala que a tono con la jurisprudencia del caso Sánchez Valle, se debe excluir el ELA por ser un status territorial. “Eso es totalmente incorrecto”, aseveró Hernández Colón. Calificó como “discrimen puro y duro” que la consulta incluya la opción de la estadidad y la independencia, pero no el ELA. “Se infringe el derecho a la libre asociación”, puntualizó.

De hacerlo, “háganlo bien”

El exgobernador Alejandro García Padilla dijo que la consulta propuesta es excluyente. “No es que no lo hagan, es que si lo van a hacer, háganlo bien”, sentenció. Aseguró que en el Congreso no hay ambiente para conceder la estadidad. Urgió a trabajar con todos los sectores políticos si querían atender el status de manera seria.

Los legisladores cuestionaron a García Padilla por qué no atendió el status bajo su administración y por qué no acudió a los tribunales si el ELA era soberano y, por ende, era improcedente la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

“Cuando a usted le apuntan con un arma y le piden la cartera, usted no se preocupa por el calibre de la pistola. Puerto Rico necesitaba y necesita una herramienta que yo no tenía, que es la posibilidad jurídica de reestructurar la deuda”, contestó el exgobernador recordando que el excomisionado residente, Pedro Pierluisi, también avaló PROMESA. “Decidí ir a la ONU, que es donde se bate ese cobre”, añadió.

Estadidad para ahora

Existe un vínculo directo entre el status político y la crisis fiscal, sostuvo el exgobernador Carlos Romero Barceló. Bajo esa premisa, dijo que el apoyo a la estadidad ha crecido. Avaló la consulta de status, pero con enmiendas. Por ejemplo, sugirió que sea noviembre de 2020, en vez del 31 de diciembre de 2024, la fecha propuesta pata exigir acción del Congreso.

“La paciencia con la colonia se nos acabó”, exigió. Propuso también eliminar algunas expresiones contenidas en la exposición demotivos por entender que son “excesivas e innecesariamente agresivas”.

De paso, el exmandatario sostuvo que no apoya el proyecto presentado por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. La consulta que se propone en Puerto Rico el 28 de mayo habla de esa medida federal. “Yo recomiendo que no se apoye el proyecto presentado en el Congreso porque extiende el término para la admisión como estado al 2025, o sea, ocho años más”, sostuvo Romero Barceló.

Cuidado con Justicia federal

De entrada, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, elogió que la medida no contenga definiciones coloniales. “La suprema definición está a nuestro alcance”, dijo el líder pipiolo. Propuso enmiendas a la pieza legislativa que da paso a la consulta para que las definiciones sean estadidad o soberanía nacional puertorriqueña.

También propuso que se enmiende la definición de la independencia por entender que la propuesta es “limitante e insuficiente”. “El voto por la independencia constituye una demanda al gobierno federal para comenzar el proceso de descolonización con la transferencia de soberanía a Puerto Rico”, sugirió. Pidió cautela con la consulta a Justicia federal que propone la medida. Dijo que existe “la posibilidad de que al ser consultado sobre este plebiscito el secretario de Justicia indique que debe incluirse la alternativa de relación territorial bajo cualquiera de sus múltiples nombres”.

Sin mandato electoral

El expresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, presentó la postura oficial de la colectividad. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lamentó que no acudiera a las vistas el actual presidente de la Pava, David Bernier. Así las cosas, el PPD no abogó por la inclusión del Estado Libre Asociado. Más bien, dijeron que la consulta que propone la mayoría novoprogresista no está avalada por un mandato electoral.

“Este plebiscito es una idea sacada de debajo de la manga, ya sea por improvisación o por perversión”, dijo. Advirtió que, de realizarse, la consulta no adelantaría el tema del status. Asimismo, la calificó como “antidemocrático” al igual que los plebiscitos realizados en 1998 y 2012. “El PPD, como institución, está convencido de que estamos ante una repetición de los errores de 1998 y el 2012”, indica la ponencia. “Aprendan de sus errores. Recuerden el 1998. Recuerden el 2012. El pueblo se crecerá, nuevamente”, concluye.

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