Rápido análisis de la Ley de Emergencia

El proyecto de administración que extenderá la emergencia fiscal hasta el 1 de mayo enfrentará enmiendas antes de pasar en la tarde de hoy viernes a la consideración del pleno de la Cámara de Representantes, en la víspera de la segunda reunión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en suelo boricua en Fajardo.

Los cambios a la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico”, que sustituirá la llamada Ley de Moratoria que expira el 31 de enero, incluirán lenguaje que aclare que la aprobación del estatuto no viene acompañada de una cesión de poderes de parte de la Asamblea Legislativa y la eliminación de un inciso, que permitiría redirigir los ingresos de fondos especiales como el impuesto al petróleo y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) hacia el hacia el Fondo General o la alcancía del gobierno.

Ayer, al concluir la primera y única audiencia cameral para discutir la medida, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de PROMESA, Antonio Soto Torres, apuntó que trabajaría a todo vapor para incorporar las enmiendas al proyecto, que anticipó contará con los votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para su aprobación.

“La intención es que esté aprobado el sábado, en ambos cuerpos. Vamos a trabajar para que el gobernador lo pueda firmar antes de que vaya a la reunión”, apuntó.

“Evidentemente van a haber enmiendas al proyecto, no puedo precisarte cuántas, pero van a ser varias. Hay una inquietud de parte de los legisladores en relación a la delegación de facultades o lo que se pudiera entender con la delegación de facultades del poder Legislativo al Ejecutivo y obviamente esa parte se tiene que aclarar de forma táctica, de forma directa en el proyecto, para que no haya ningún tipo de cuestionamiento a nivel de la constitucionalidad del mismo, así que esa enmienda va a estar”, agregó Soto Torres.

La preocupación con la “usurpación” de poderes encontró eco en los miembros de las delegaciones durante la audiencia, que se extendió dos horas y quince minutos y que solo contó con dos deponentes.

En tono cordial, Soto Torres preguntó al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino Vega, y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Gerardo Portela Franco, sobre su posición en cuanto a aclarar el lenguaje de la medida puesto que la forma en que estaba redactado creaba duda sobre una delegación de poderes del Legislativo al Ejecutivo.

“El mismo proyecto de ley establece que la implantación de esta ley está sujeta a los requisitos de la Constitución de Puerto Rico y a PROMESA y ciertamente la intención, por lo menos puedo hablar del BGF y dudo mucho que los otros compañeros de la Rama Ejecutiva, sea de alguna manera menoscabar las funciones indelegables de la Rama Legislativa y si esto se tiene que establecer en blanco y negro, no hay problema que se establezca”, respondió Sobrino Vega.

“Eliminar la disposición de la moratoria unilateral, eso es lo que cambia fundamentalmente”, agregó en otro momento.

Sobrino Vega y Portela Franco también explicaron que la medida proponía un cambio de visión al establecer una categoría de “servicios esenciales” que debían atenderse antes del pago del servicio de la deuda.

El proyecto, sin embargo, no define qué son servicios esenciales. Solo menciona las áreas de salud, seguridad y el bienestar público de los residentes de Puerto Rico.

Portela Franco no pudo ofrecer detalles de la lista de los servicios esenciales que confeccionaba la agencia que preside, pero recomendó añadir al texto de la medida las áreas de educación, justicia e infraestructura.

Tampoco precisó qué servicios dejarían de recibir los ciudadanos. Respondió que ese análisis se realizaba en este momento en el contexto del plan fiscal que exige la JSF y que una vez culminara ese proceso, se divulgaría esa información.

Antes de concluir la vista, informó a los miembros del cuerpo que ayer entregaría la lista de servicios identificados como “esenciales”.

Sobrino Vega apuntó que el periodo de vigencia de la Ley, que se extendería hasta el 1 de mayo y la posibilidad de pedir una extensión de tres meses, estaba atado a las fechas que establece PROMESA.

El estatuto federal establecía que el gobierno tenía hasta el 15 de enero para entregar un borrador del plan fiscal. Pero el gobernador Ricardo Rosselló Nevares solicitó a la JSF que extendiera el proceso hasta el 28 de febrero y su fecha de certificación hasta el 15 de marzo.

La moratoria contra litigios establecida por PROMESA vence el 15 de febrero. Sin embargo, Rosselló Nevares pidió a la JSF que prolongara esa ventana de oxígeno hasta el 1 de mayo.

Los miembros de la JSF respondieron que aplazarían las fechas a cambio de que Rosselló Nevares implementara un plan con severos ajustes para cuadrar el presupuesto en dos años.

Por ello, el empeño del Ejecutivo y del Legislativo en aprobar rápidamente la medida, que demuestra a la JSF su voluntad para cumplir con sus exigencias y que persigue evitar un cierre de gobierno por falta de dinero.

Durante la audiencia, los representantes del PPD y del PIP cuestionaron con insistencia las facultades que la medida concedía al Ejecutivo para vender activos públicos sin el consentimiento de la Legislatura y le permitía gobernar el País mediante órdenes ejecutivas.

Además, subrayaron la ausencia de medidas para activar la economía, mientras que los deponentes insistieron en que primero se atendían las necesidades del pueblo y luego las obligaciones con los acreedores.

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