Ajuste por causa de los políticos

Advirtiendo que no concederán más extensiones de tiempo a las provistas en la ley federal PROMESA, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, dijo ayer que no espera “sorpresas” en el plan fiscal que han solicitado a la administración de Ricardo Rosselló Nevares y que debe estar listo en o antes del próximo 28 de febrero.

Asimismo, Carrión señaló que la JSF continuará en conversaciones con los diversos grupos de bonistas, a pesar de que estos han puesto en duda el cuadro fiscal develado por la JSF y no existen cifras auditadas acerca de la condición financiera del Gobierno.

En su primera conversación con la prensa económica de Puerto Rico fuera de las reuniones públicas del organismo, por espacio de una hora, entre suspiros, ceños fruncidos y largas pausas, Carrión, junto al director ejecutivo interino de la JSF, Ramón Ruiz Comas, pasaron revista de los primeros seis meses de operaciones del ente federal que tiene a su cargo poner en cintura al fisco puertorriqueño.

Y al hacer un recuento de lo hecho a la fecha, Carrión y Ruiz Comas también hablaron de lo que le depara a Puerto Rico en los próximos meses. Esto, una vez se certifique el plan fiscal de Puerto Rico y comience una ola de recortes e impuestos que afectará a toda la población, eventos que con toda probabilidad se imputarán a los miembros de la JSF y al personal que les asista.

“Lo malo de esto es que estamos ahora en una situación donde no tenemos opciones y tenemos que tomar unas medidas difíciles que no serán agradables para nadie”, dijo Ruiz Comas, quien aceptó la directoría ejecutiva de la JSF hace una semana.

Ruiz Comas, abogado y contador público de profesión, recibirá por paga unos $5,000 al mes, cifra más baja que lo que pagará la Legislatura a sobre una decena de asesores recién contratados y quienes antes ocuparon puestos electivos o no prevalecieron en los comicios generales de noviembre pasado.

COMPRADORES DE EXPECTATIVAS. Según Carrión, de la misma forma en que Puerto Rico emitió deuda advirtiendo a los compradores los riesgos que asumían, el pueblo puertorriqueño aceptó por décadas un modelo de administración pública incosteable.

“Este concepto de venderle falsas expectativas al pueblo a través de nuestra política, eso es lo que ha sido más duro para mí, porque ahora nos toca bregar con estos temas y las opciones son difíciles. Ese es el trabajo que nos toca”, dijo Carrión, al dejar entrever cierto pesar en torno a lo que supondrá el proceso de cuadrar las cuentas públicas.

“Sé que esto no es un tema popular, pero nuestros políticos nos han vendido falsas expectativas y nosotros las compramos. La culpa la tenemos nosotros por haber permitido que los políticos nos llevaran por este camino”, agregó Carrión.

El análisis de la JSF, que descansa en cifras provistas por la administración

de Alejandro García Padilla y validadas por asesores externos y oficiales del Tesoro federal bajo la presidencia de Barack Obama, apunta a que hacia el 2019, Puerto Rico estaría corto por unos $7,600 millones para cubrir todas las operaciones del Gobierno, pagar las pensiones de unos 180,000 jubilados y la deuda pública, estimada en unos $68,654 millones.

Entiendo lo que dice del incumplimiento de la clase política y que todos los actores tendremos que llevar parte del ajuste, pero la clase política no llevará ese peso, los que serán criticados y demonizados son los que procuren el ajuste fiscal y esos son ustedes.

“Sí. Yo internalicé eso hace mucho tiempo, pero estoy en la disposición (Pausa). A mí me ha ido bien en los negocios y tuve la suerte de recibir una educación y es mi oportunidad de hacer algo por Puerto Rico. La gente dirá hacer qué por Puerto Rico, pero muchas de las personas de la comunidad que entienden la situación, manifiestan su agradecimiento y dicen que aunque que a corto plazo será una situación extremadamente difícil para ustedes (los miembros de la JSF) personalmente, pero a largo plazo, la gente, dirá en su día que ese fue el comienzo para enderezar nuestros asuntos”, dijo Carrión.

“No te digo que me agrada pensar, porque somos humanos, las situaciones difíciles que algunas personas con muchos recursos económicos van a confrontar y que no tienen culpa de nada. Con este tema, me levanto de noche”, agregó Carrión.

En iguales términos se expresó Ruiz Comas, al indicar que en su caso, cuando se le hizo el acercamiento para colaborar con la JSF, estuvo en la encrucijada de “quedarse en casa o contribuir como mi país, tomando decisiones que no son agradables”.

“Si decía que no, que era lo más fácil, estaba faltándole a mi país, porque dentro de lo que pueda debo contribuir. Los que entraron en la Junta lo hicieron no para que le dieran reconocimiento sino porque alguien tenía que hacer esto”, agregó Ruiz Comas.

LA AGENDA DE CARA AL 1 DE MAYO. Pese a reconocer que serán objeto de críticas, Carrión y Ruiz Comas aseguraron estar enfocados en hacer lo posible para certificar un plan fiscal el próximo 15 de mayo.

Según Ruiz Comas, en las próximas semanas, y dado el grado de comunicación abierta entre el personal y los asesores de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y sus homólogos en la JSF, el organismo hará lo posible para que el plan fiscal cumpla con los criterios requeridos.

Carrión recordó que la administración Rosselló Nevares se opuso a varias de las condiciones y sugerencias que hizo la JSF para cuadrar el presupuesto, pero insistió en que la clave es que el plan fiscal cumpla con los parámetros fiscales establecidos, que incluyen cuadrar el presupuesto a dos años.

“Una sorpresa para nosotros sería no estar en esos parámetros. Cómo ellos (el Gobierno) lleguen a ese número (los $7,600 millones), eso es política pública”, subrayó Carrión.

LO ECONÓMICO Y WASHINGTON. A preguntas de la prensa acerca de cómo se cuadrará un presupuesto si Puerto Rico no logra restaurar su economía, Carrión reconoció que la JSF se insertará en el tema.

Explicó que el organismo ha decidido celebrar una reunión pública donde solo se discutan estrategias económicas para la Isla, a pesar de que PROMESA no confiere esa responsabilidad a la JSF.

De igual forma, Carrión sostuvo que recientemente ha sostenido reuniones con funcionarios en el Congreso estadounidense, en las que ha reiterado la preocupación de la JSF por los fondos federales en programas de salud, y se mostró confiado en que una vez Puerto Rico comience el proceso de ajuste fiscal, habrá receptividad en el Congreso para dar apoyo a la Isla en asuntos económicos.

Anticipó que tan pronto Steven Mnuchin sea confirmado como secretario del Tesoro federal, también solicitará una reunión al funcionario que sucederá a Jacob Lew, quien jugó un papel crucial en la aprobación de PROMESA y causó el encono de los bonistas hacia Puerto Rico. La Junta de Supervisión centra sus esfuerzos en certificar un plan que permita cuadrar el presupuesto y renegociar la deuda pública de la Isla.

28.2.2017 La administración de Ricardo Rosselló Nevares debe presentar un plan fiscal a la JSF que permita cerrar el déficit a dos años. 15.3.2017 Fecha autoimpuesta por la JSF para certificar el plan.

1.5.2017 Expiración de la paralización de litigios, según PROMESA. LOS BONISTAS. Por lo pronto, Carrión explicó que la JSF se propone continuar en conversaciones con los bonistas de la Isla.

Aceptó que en este momento, no puede hablarse de cifras o fichas de negociación hasta que se certifique el plan fiscal, pero aceptó que la JSF tendrá poco tiempo para lograr un acuerdo con los bonistas. Esto, ante el vencimiento de la paralización de litigios el próximo 1 de mayo.

“Solo puede otorgarse lo que está en la ley”, dijo Carrión en referencia a los términos de tiempo provistos en PROMESA.

Carrión aceptó que el cuestionamiento de las cifras de Puerto Rico existe tanto entre los acreedores

como en Washington, y sostuvo que la semana entrante la JSF espera completar la contratación de un auditor forense, para que examine los números, lo que daría confianza al proceso.

Acto seguido y sin embargo, Carrión y Ruiz Comas dejaron claro que la JSF no tiene mucha flexibilidad para actuar.

A manera de ejemplo, Carrión mencionó que según PROMESA, la JSF tenía que contratar un coordinador de revitalización, aunque este se desempeñaría bajo una nueva administración de gobierno y lo mismo aplica en el tiempo de paralización de litigios.

“Tenemos que cumplir con una fecha y tenemos que partir de la información que dé el Gobierno”, indicó Ruiz Comas.

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