Bajo la lupa alto alquiler del Tribunal de Caguas
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo dijo que están renegociando los términos del contrato de arrendamiento del edificio que paga una renta mensual de $1.4 millones.
La Rama Judicial está renegociando los contratos de arrendamiento de todos los tribunales, incluyendo el del Tribunal de Caguas, que paga más de un millón mensual en alquiler y las salas judiciales sólo ocupan la mitad del edificio.
Así lo dijo ayer la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien reconoció que el canon de renta es muy oneroso, sobre todo, en medio de la crisis fiscal que vive el País. Indicó que buscan alternativas, incluyendo mudar otras oficinas al edificio o hasta prescindir del millonario contrato.
“Todo está sobre la mesa. En esta situación histórica del País no se puede descartar nada, absolutamente nada”, sostuvo la Jueza Presidenta luego de acompañar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en un recorrido por el Tribunal de Caguas junto con el juez administrador de los Tribunales, Sigfrido Steidel; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez y otros componentes del sistema de justicia.
Oronoz dijo que están haciendo acercamientos para ver qué oficinas del Gobierno estatal y posiblemente del Gobierno federal se muden al local para llenar el ala que está desocupada desde hace más de dos años, cuando se instaló el tribunal en el enorme edificio multipisos.
Indicó que han renegociado 30 de los contratos de las sedes donde están los tribunales, con términos en algunos “mucho más agresivos” que otros. Añadió que en el arrendamiento de edificios, se va alrededor de un 15% del presupuesto de la Rama Judicial.
Oronoz sostuvo que desde antes que se aprobara la ley federal Promesa, la Rama Judicial está bajando los gastos en contratación, servicios no directos a la ciudadanía y a jueces, arrendamiento y se han congelados plazas.
En cuanto al acceso a la justicia, dijo que la Rama Judicial está creando un reglamento nuevo de abogados de oficio para asistir a las personas acusadas de delito que no tienen recursos económicos para pagar representación legal.
Por su parte, el Gobernador anunció que su administración encaminará un programa que denominó Acceso a la Representación, que pretende brindar acceso a la justicia a los pobres.
“Las iniciativas que estamos encaminando con la Secretaria de Justicia van dirigidas a ver cómo podemos utilizar el recurso humano y legal a universidades, lo que sería la educación continua como iniciativa también para encadenar un voluntariado de representación para poder llegar a estas personas”, indicó Rosselló Neváres.
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