La movilidad de empleados inicia el 11 de abril


Desde hoy, la nueva Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) comienza un proceso amplio para identificar sus necesidades de empleo y los trabajadores que pueden ocupar esas posiciones para, a partir del 11 de abril, poner en vigor la movilidad que conlleva el modelo del empleador único.


Sin embargo, ese análisis no impide que el Gobierno empiece de inmediato —tras la aprobación ayer de la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno” (Ley 8- 2017)— algunos movimientos de empleados hacia áreas críticas en que urjan sus servicios, advirtió ayer en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, el secretario de la Gobernación, William Villafañe.


La movilidad de servidores públicos, en síntesis, permitirá ascensos, eliminación de puestos -sin que implique destituciones-, consolidación de oficinas en las agencias, y que un servidor público pase a ser empleado de la empresa privada a través del modelo de Alianza Público-Privada (APP).


Además, propiciaría que un trabajador realice nuevas funciones mediante capacitación en coordinación con la Universidad de Puerto Rico, pero siempre retendría sus beneficios, incluyendo su salario.


La implantación de la nueva ley ocurrirá mientras el Gobierno aún crea un sistema de evaluación de personal uniforme, un registro centralizado de empleados “elegibles” para ocupar las plazas vacantes, un registro central de convocatorias para privilegiar el reclutamiento interno y un plan de clasificación y de retribución uniforme.


También se crearía —mediante reglamento— el mecanismo específico para que un empleado pueda apelar en caso de no estar de acuerdo con el plan de movilidad que se le aplique.


“El empleado tiene 30 días para apelar el cambio administrativamente ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Ese es el vehículo. La apelación no detiene el proceso, pero puede revertirlo”, dijo Villafañe, quien aclaró que la impugnación a través de la comisión solo aplicaría a los servidores públicos unionados. El resto debe apelar a través de la agencia de gobierno, aunque no descartan proveerles el mismo mecanismo a todos los empleados.


Aseguró que todo el andamiaje estará listo para el 1 de julio, cuando empieza el próximo año fiscal.


Premura


La premura en aprobar la ley y ponerla en vigor surge al amparo del plan fiscal que debe entregar el gobernador Ricardo Rosselló a la Junta de Supervisión Fiscal en o antes del 28 de febrero con acciones concretas para lograr ahorros, explicó Villafañe.


“(La ley) es una alternativa para evitar despidos y reducir gastos. La nómina puede bajar anualmente alrededor de un 3% solo con renuncias, personas que se van a buscar otras alternativas fuera del Gobierno, que se jubilan o fallecen. En un año, podríamos ahorrar más de$100 millones logrando que personas del Gobierno, que ya están en el Gobierno, ocupen plazas que son esenciales. La idea también es que dos agencias pequeñas puedan compartir áreas como recursos humanos. Y la capacitación del empleado puede ir desde un certificado, un grado asociado y quién sabe si una preparación académica”, abundó.


“Puede ejecutarse de inmediato gracias a alguna necesidad que esté corriendo ahora mismo. Pero se haría de manera voluntaria. Si hay la urgencia de que se dé el movimiento, administrativamente se puede dar, ya que el empleado lo está haciendo voluntariamente”, destacó.


Precisó que, de un análisis preliminar, identificaron áreas de necesidad urgente. Ahí están los agentes de rentas internas, refuerzo de empleados para el período de llenar planillas de contribución sobre ingresos en el Departamento de Hacienda, maestros y policías. Villafañe destacó que estos últimos dos servidores públicos están excluidos de la movilidad que implica el empleador único, pero afirmó que en el Gobierno hay servidores públicos con esa preparación que no ejercen su profesión.


“Cuando uno indaga, hay mucho maestro o persona preparada en el campo de la educación que trabaja en agencias del Gobierno en funciones clericales, en otras áreas que quizás no es su peritaje. En la Policía, tenemos cerca de 1,000 policías realizando funciones clericales. La idea es que esos policías se aproveche la capacitación y la experiencia que han recibido durante años para reforzar la vigilancia y la seguridad de nuestras comunidades”, destacó.


Villafañe dijo que, a partir de hoy, los empleados públicos, en cada agencia, municipio o corporación pública, deben ser orientados sobre lo que conlleva la Ley 8- 2017.


Criterios a considerar


La disponibilidad del servidor público, la necesidad del puesto, la preparación y la experiencia, los años de servicio, el domicilio y el área geográfica del empleo serán elementos que podrán ser considerados al momento de mover a un servidor público. Pero reconoció que ninguno de esos elementos tiene primacía sobre otro para tomar la determinación. De esa forma, un empleado de mayor antigüedad en una agencia puede ser el trasladado y no uno con menor cantidad de tiempo en el empleo.


“Es el balance de todos los elementos. Hay que ver cuál es el puesto”, sostuvo.


Villafañe reconoció que el movimiento de empleados públicos crea un nuevo escenario para los sindicatos, que eventualmente tendrían representados en varias agencias.


Igualmente, reconoció que, si un servidor público pasa a una APP, no tendría discreción para quedarse o no en el Gobierno. “De darse eso (pasar de servidor público a uno privado), sería lo mínimo”, opinó.


“Van a retener los beneficios. Nosotros lo vamos a garantizar (al negociar con la APP)”, aseguró Villafañe, pero reconoció que una vez termine el convenio, el sindicato debe negociar con la compañía privada su futuro.


Recortes


También el empleador único trae consigo la reducción de los bonos de productividad, la licencia de enfermedad baja de 15 a 12 días y la de vacaciones, de 30 a 24 días.


“Pero eso es a los empleados nuevos. Es decir, que sean reclutados al servicio público tras aprobarse esta ley”, aclaró.


Recalcó que, bajo el estatuto, no proceden traslados arbitrarios de empleados o a lugares distantes. Esta esta era una de las inquietudes planteadas por los sindicatos durante las vistas públicas.


Asimismo, aseguró que los trabajadores no perderán beneficios adquiridos. “Esto no es una ley para cortar beneficios, sino para que merme la necesidad del reclutamiento externo que tradicionalmente se ha tenido en el Gobierno”, dijo el secretario de la Gobernación.


Recalcó que el empleado será movido con su salario. “Eso no se toca”, aseveró Villafañe.


Reconoció que el movimiento de empleados traerá disparidad de sueldos, pero la OATRH debe trabajar en unificar los salarios de los empleados, aunque nunca para reducirlos. “El objetivo es que, a mediano y largo plazo, se logre la uniformidad. Eso implica que aquellos empleados con desventaja con relación al resto de sus pares, tengan más avances”, explicó.


Sin embargo, Villafañe aclaró que el ascenso salarial no se dará a los empleados mientras dure la crisis fiscal que, de acuerdo con ley federal PROMESA, será, al menos, por los próximos cinco años.


Agregó que, de producirse un ascenso al mover el empleado a un cargo de mayor rango, estará sujeto a un período probatorio que va de tres a 12 meses “de acuerdo a la complejidad de la posición”.


Ese empleado, de no aprobar el período probatorio, podría regresar a la plaza que ocupaba previamente.


Nydza Irizarry Algarín, actual directora de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos, dirigirá la OATRH una vez desaparezca aquella entidad, y administrará el sistema centralizado de recursos humanos, puntualizó Villafañe.


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