AAFAF: el brazo operacional de la Junta

Esta corporación pública tiene poderes casi absolutos sobre las finanzas de las instrumentalidades del Gobierno

Se podría comparar con las funciones de una especie de cuerpo policial pero en materia fiscal. Si una agencia gasta más que lo presupuestado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entraría a ejecutar un recorte. Si un contrato implica un derroche de fondos públicos, esta nueva corporación pública podría emitir una orden cancelándolo.

Todo estará enmarcado en el plan fiscal y los presupuestos que se elaboren a partir de ese documento, cuyo borrador deberá estar listo para el 28 de febrero. La meta es que 15 días después haya una versión final del plan, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, que por disposición federal controla las finanzas de Puerto Rico.

“Esto está diseñado para ser el brazo operacional de la Junta”, opinó el abogado Domingo Emanuelli.

La AAFAF es una instrumentalidad gubernamental relativamente nueva. Sus orígenes surgen del colapso en la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento.

Específicamente, en abril del 2016, la administración del ahora exgobernador Alejandro García Padilla aprobó la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. Este estatuto, en su sexto capítulo, creó la AAFAF y transfirió al nuevo organismo las funciones de agente fiscal y asesor financiero que antes ejecutaba el BGF.

Heredero del BGF

Como agente fiscal, la AAFAF está encargada de llevar a cabo las transacciones en los mercados de valores a nombre del Gobierno. Como asesor financiero revisa, analiza y emite recomendaciones sobre los asuntos fiscales. También la AAFAF hace las veces de agente informativo a los bonistas y a los reguladores de los mercados.

El segundo estatuto aprobado este año añadió a este panorama. La iniciativa le dio una nueva ley orgánica a la corporación pública, le sumó una serie de funciones para atender la crisis fiscal en el Gobierno como la del ente autorizado para negociar una reestructuración de la deuda pública y le impuso los deberes de fiscalizador de todo lo que esté asociado al plan fiscal y a los decretos de la JSF.

En esta última función los recursos legales son amplios y van desde la simple solicitud de información financiera o presupuestaria hasta la capacidad de nombrar un síndico sobre el liderato de la agencia o instrumentalidad intervenida.

De hecho, los poderes son tan amplios que, en teoría, el director ejecutivo de la AAFAF puede emitir reglamentos, mover personal, cambiar procedimientos y alterar por completo el funcionamiento de una agencia si así lo estima necesario para el cumplimiento de las disposiciones de la ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

“Nuestra encomienda y norte es desarrollar y ejecutar el plan fiscal”, resumió el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela Franco.

El funcionario, que responde directamente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, indicó que por el momento no están en el rol de ejercer estas facultades ya que están concentrando los esfuerzos en la elaboración del Plan Fiscal solicitado por la JSF.

Este plan es en esencia la hoja de ruta general para la administración de los recursos económicos de Puerto Rico por los próximos años. La propia Junta ha hecho unas exigencias sobre lo que debe tener el documento. En una carta enviada a mediados de enero, la JSF exhortó al Gobierno a aumentar los ingresos por concepto de contribuciones en $1,500 millones, a reducir en $1,000 los gastos de la Reforma de Salud, una baja en $300 millones en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y un 10% de reducción en los cheques a los jubilados de los sistemas de retiro del Gobierno, entre otros asuntos.

Las propuestas de la Junta implican recortes de unos $3,000 millones en los gastos del Gobierno para los años fiscales 2018 y 2019.

“En estos momentos estamos en medio del desarrollo del Plan Fiscal. La carta emitida por la Junta nos estaban dando como marco de referencia unos $800 millones del presupuesto destinados a servicio a la deuda. Esto sería sacando a corporaciones como PREPA (la Autoridad de Energía Eléctrica) y PRASA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) de la ecuación. Todos los cambios que esto conlleva los tenemos que hacer tomando en consideración los servicios esenciales que da el Gobierno y teniendo en mente a los más vulerables”, dijo Portela Franco.

Para el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, el problema con las nuevas funciones de AAFAF y el paquete de legislación que ya ha sido aprobada por el Gobierno, es que elimina los pesos y contrapesos que se buscan en los sistemas republicanos de gobierno. Del mismo modo, se eliminan los balances que se han procurado dentro de la misma Rama Ejecutiva.

Por ejemplo, con estas leyes, los poderes de redistribución de partidas presupuestarias fueron delegados por la Asamblea Legislativa al gobernador y a la AAFAF. Del mismo modo, las determinaciones gerenciales y presupuestarias que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto fueron replicadas en esta entidad sucesora del BGF.

“Se cedió el poder de la Asamblea sobre el presupuesto y sobre las reingenierías en el gobierno. El Ejecutivo ahora también tiene el poder completo sobre los financiamientos. No hay intervención legislativa y las determinaciones de la Junta son prácticamente ley. La AAFAF va a ejecutar todo esto. Van a ser como el capataz de la JSF”, dijo Hernández.

Eso explica, según el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, por qué la AAFAF tiene injerencia hasta en los procesos de consolidación, privatización o creación de agencias o corporaciones gubernamentales.

De hecho, la AAFAF tiene hasta la capacidad de ordenar auditoría, realizar inspecciones y obligar cambios en la forma en que se administra un presupuesto, se da un servicio, se contrata a los recursos humanos y se administra el dinero en cuentas bancarias.

“Se convierte a la AAFAF en esta agencia con poderes enormes destruyendo el organigrama de gobierno actual”, dijo Hernández.

En esta gestión, la nueva ley de AAFAF excluye a esta corporación pública del cumplimiento de una serie de disposiciones legales, muchas de ellas asociadas a la administración de los recursos humanos.

Portela Franco afirmó que esto buscaba darle agilidad a la entidad de modo que no haya atrasos mayores en el proceso de solucionar los problemas asociados a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno.

“El mensaje importante es que estamos desarrollando un plan comprensivo, sostenible a largo plazo, que atienda los ingresos y mejore las eficiencias y abarate los gastos del Gobierno”, dijo Portela Franco.

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